No por antiguo el tema deja de ser importante, incluso de cobrar nuevo brío en el actual ambiente electoral con miras a las elecciones de octubre: el topo democrático que implica la más o menos conflictiva convivencia entre las formas de representación democrática liberal, un voto un ciudadano, y los usos y costumbres indígena originarios de manejo y administración comunal del poder.
Como se sabe, la liebre saltó con aquel episodio que protagonizó el máximo dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Damián Condori, cuando anunció (y en verdad solo hizo eso, anunciar) que su organización había instruido que se controle el voto en las comunidades a favor del Movimiento Al Socialismo (MAS), porque así se había decidido comunalmente.
Tanto desde la oposición (como no podía ser de otra manera) como del propio oficialismo llovieron las críticas contra Condori: los más contrarios hablaban de acusar al dirigente por “coacción electoral”, porque estaba violando el derecho al voto libre, universal y secreto.
Tímidamente (porque no se volvió a referir al hecho) el vicepresidente Álvaro García (indigenista él) justificó la decisión de la CSUTCB, en sentido de que lo del control era una forma de democracia comunitaria y su sanción estrictamente “moral”, un hecho plenamente reconocido en la Constitución plurinacional vigente.
Al margen de la consigna, independientemente de que hoy el beneficiario de este “voto colectivo” sea el MAS, el hecho es que de nuevo salió a la luz el antiguo debate, por lo menos desde la vigencia de la nueva Carta Magna: ¿cómo complementar dos tradiciones opuestas en sus mismos términos básicos: el voto individual y la decisión por consenso?
No estuvo demás consultar la opinión de un joven exalcalde que vivió en carne propia la contradicción entre ser autoridad de su municipio por la vía tradicional y lograrlo por un esfuerzo más bien individual.
El editor
