Después de tres décadas de vigencia de dictaduras militares en el Cono Sur, la lucha incansable de los pueblos latinoamericanos logró desplazar a los regímenes de facto, consiguiendo la instauración de sistemas democráticos, dando así un salto cualitativo que permite una convivencia pacífica bajo parámetros bioéticos consagrados en los textos constitucionales de cada país.
En ese sentido, al imponerse la fuerza moral de los votos frente al antecedente inmoral de las botas, queda claro que esa convivencia colectiva está monitoreada por un ordenamiento jurídico vigente y una prioridad normativa que poniendo en la cúspide a la Constitución y los Pactos Internacionales suscritos en materia de derechos humanos, consolida lo que se conoce como Estado de derecho, el cual se constituye en la garantía para que todas las instancias de poder público y los particulares se subordinen a la norma jurídica, impidiendo la vigencia de cualquier actitud o decisión arbitraria o discrecional que tienda a generar inseguridad jurídica o incluso indefensión ciudadana.
En ese entendido, concentrándonos en el caso boliviano, la aspiración legítima de la ciudadanía era y sigue siendo que la propia dinámica de la democracia vaya desplazando progresivamente las conductas y mentalidades autoritarias, heredadas de las dictaduras y trasvasadas a los gobiernos constitucionales que, pese a su condición de tal, no mostraron la suficiente voluntad política para extinguir estos vicios del pasado y, por el contrario, los fueron reciclando en cada gobierno, incluido el actual.
Esa es la causa por la que hoy todavía advertimos una peligrosa debilidad institucional en el Órgano Judicial, el Ministerio Público, el Órgano Electoral, la Contraloría General y el propio Órgano Legislativo, cuyas decisiones y normas que se emiten no obedecen al sano debate entre sus miembros, ni a la consulta que los representantes nacionales deben hacer a la ciudadanía, sino a la consigna emanada del Órgano Ejecutivo.
Queda claro entonces que el Estado de derecho está siendo permanente y sistemáticamente afectado por los intereses políticos, generando debilidad democrática.
Es oportuno recordar que un sistema democrático no solo implica la elección de autoridades a través de las urnas, sino también el respeto a los derechos humanos, la vigencia de las garantías constitucionales, la subordinación absoluta de gobernantes y gobernados a la norma y sobre todo la garantía de materializar la voluntad del pueblo en las decisiones de interés público.
La prueba ostensible de que estas tareas pendientes aún no fueron allanadas la encontramos en la intromisión de actores políticos para digitar los fallos que emitirán las autoridades judiciales, definir lo que debe o no debe fiscalizar la Contraloría o para determinar qué leyes serán aprobadas.
AFECTACIÓN. En el contexto de esa afectación ostensible del Estado de derecho se inscribe el proceso penal que se pretende instaurar a dos magistradas y un magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), miembros de la Comisión de Admisiones de dicha instancia jurisdiccional.
El problema se origina cuando la promulgada Ley del Notariado fue objeto de una Acción de Inconstitucionalidad. El procedimiento constitucional prevé la posibilidad de la adopción de medidas cautelares tras la aceptación de la acción y en uso de esa atribución la Comisión de Admisiones del TCP al dictar el Auto respectivo aceptando la Acción contra la presunta inconstitucionalidad de la referida ley, dispuso que ésta quede en suspenso en tanto se dicte la sentencia que declare la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley en cuestión.
Esta resolución emitida por los magistrados miembros de la Comisión de Admisiones está sirviendo de argumento para la instauración del proceso penal contra los tres magistrados. La Cámara de Diputados dispuso la acusación ante la Cámara de Senadores, que llevará adelante el proceso en única instancia; ello significa que los miembros del Senado se convierten en jueces, ejerciendo funciones jurisdiccionales para establecer la culpabilidad o inocencia de las personas sometidas a proceso.
Si bien existe un procedimiento establecido por la Ley 044/2010-2011, la cual incluso prevé la apelación contra resoluciones que les fueran perjudiciales o adversas a la parte procesada, el problema radica en la imposibilidad material de que los senadores-jueces actúen en estricta subordinación a la norma, sino que, a partir de la peligrosa subordinación política que impera en nuestro medio y de la debilidad institucional que caracteriza al Órgano Legislativo por su falta de independencia, la sentencia condenatoria venga por consigna y no por convicción; es decir, no interesa que en el caso de referencia no exista materia justiciable, porque los magistrados de la Comisión de Admisiones del TCP no incurrieron en delito alguno; lo que importa es dar la señal concreta de que ningún miembro del citado tribunal puede desmarcarse de las decisiones políticas establecidas en la instancia gubernamental. En ese sentido, estamos hablando de una crítica situación de indefensión ciudadana a la que están siendo sometidas las personas objeto del mencionado Juicio de Responsabilidades. Es más, el mensaje emitido es tan contundente que tiene el objetivo de que los magistrados reemplazantes de los suspendidos y los que no fueron enjuiciados, se abstengan de cualquier fallo que contraríe ese afán de dominio absoluto sobre todas las instancias de poder estatal existentes en el país, lo cual, desde luego, afecta al Estado de derecho y nos ubica en un escenario de peligrosa inseguridad jurídica.
Es de esperar que tras las elecciones a realizarse en octubre, sea cual fuere el frente o partido que llegue al gobierno e independientemente de cuál sea la correlación de fuerzas en la Asamblea Legislativa Plurinacional, se produzca una reflexión profunda sobre la necesidad de superar estos males que dañan mortalmente nuestro sistema democrático.
