El exfiscal Marcel Soza reapareció en una entrevista televisiva y explicó que huyó de Bolivia por la ausencia de “garantías judiciales” ante los procesos instaurados en su contra en un intento, señaló, por “tapar irregularidades” en el caso Terrorismo. Dijo que trabajará como abogado en Brasil y que solo una investigación internacional del caso garantizará imparcialidad.
La exautoridad concedió la mañana de hoy una entrevista extensa al programa televisivo ‘Levántate Bolivia’ de Cadena A, donde habló de la investigación que condujo desde abril de 2009, cuando una operativo policial desarticuló un supuesto grupo irregular en Santa Cruz con la muerte de tres de sus cinco miembros, entre ellos Eduardo Rozsa.
Huyó de Bolivia en marzo y poco después logró refugio temporal de 180 días que fue, según se conoció ayer, ampliado a un año. “En Bolivia, lamentablemente, no existe garantías judiciales, el Poder Judicial, en algunos casos, está coaptada por el poder político. Lo que pensaban hacer conmigo es encerrarme, denigrarme y posteriormente tapar las irregularidades que se cometieron en el caso Terrorismo”, afirmó.
Desde Brasil, y en una carta pública, ya denunció la compra de testigos para involucrar a diversas personas en la investigación, que terminó acusando a diferentes líderes políticos y empresariales cruceños; muchos de ellos huyeron, entre ellos el líder cívico Branko Marinkovic. Hoy ratificó sus denuncias y aseguró que fue presionado en el curso de la pesquisa, por lo que no podía denunciar nada.
“No podía develar ciertas cosas, porque vivía presionado por el Gobierno. Ahora, si puedo hablar, es porque tengo la libertad de decir muchas cosas que, lamentablemente el Gobierno, ocultó; se hicieron ejecuciones en el hotel Las Américas, donde perdieron la vida tres ciudadanos, ahí fue una masacre, un asesinato”, señaló ante la consulta del por qué ahora hace las revelaciones, no antes.
“Imagínese que yo hubiese develado esas cosas antes, ¿qué hubiese ocurrido con mi persona?, obviamente me hubiesen matado, en el mejor de los casos me hubiesen detenido, como ya lo estaban preparando”, sostuvo y reiteró que Raúl García Linera, hermano del vicepresidente Álvaro García, manejó el caso terrorismo, junto a personas como Carlos Subirana, hoy candidato a diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS).
La documentación sobre esos hechos, explicó, fue entregada al Comité Nacional para el Refugiado (Conare) del Brasil, que analiza el pedido de refugio político. Soza explicó que no tenía conocimiento del operativo del hotel Las Américas, pese a estar asignado al caso dos días antes de la acción policial. Añadió que le negaron información sobre las personas que participaron de esa acción policial y, entre otros, del atentado a la casa del cardenal Julio Terrazas
“La finalidad en última instancia no era investigar el caso, sino descabezar a líderes políticos”, aseguró y consideró que solo una investigación internacional garantizará imparcialidad en una investigación de lo ocurrido y establecer responsabilidades. Sostiene que no quiere ser cómplice de los hechos ocurridos en el hotel Las Américas, donde murieron Rozsa, Árpád Magyarosi y Michael Dwyer.
Evitó identificar a los posibles inocentes en el proceso con el argumento de que las imputaciones fueron a partir de pruebas presentadas por la Policía, aunque abrió la posibilidad de que algunas hayan sido plantadas. “Elementos de prueba ellos (Ministerio de Gobierno) me entregaban de a poco”, sostuvo.
“No me arrepiento de nada, si hubiese sido parte o encubridor, las cosas que hice lo hice en base a los elementos de prueba que me entregaron”, explicó y consideró que debería hacerse una auditoria a las pruebas presentadas.
“Debería analizarse eso (auditoria), pero no en Bolivia, en Bolivia no existe garantías. Cualquier informa situación que venga de un órgano dependiente del Estado puede ser sujeto a alteración; bajo estas circunstancias la única forma de que se conozca la verdad de todos estos hechos es a través de una investigación imparcial, que obviamente en Bolivia no existe”, señaló el exfiscal.
Soza, abogado de profesión, detalló que trabaja en Brasil apoyando a alguno de sus colegas y que tramita la homologación de su título para poder ejercer su profesión en ese país. Negó que haya extorsionado a los involucrados en el caso que investigó.
El exfiscal es acusado por delitos comunes, como incumplimiento de deberes y abandono de cargo, uso indebido de influencias, extorsión, cohecho pasivo de la jueza, juez o fiscal, consorcio de jueces, fiscales, policías y abogados y prevaricato. Huyó de Bolivia el 11 de marzo. La investigación que dirigió terminó vinculado con el caso Terrorismo a la cúpula empresarial y política de Santa Cruz.
“Yo nunca recibí nada, ahora, que hubieron gente que usaron mi nombre para beneficiarse económicamente, tenemos casos claros como el señor Subirana”, denunció.
