El Gobierno distribuirá en unidades educativas e institutos de formación automotriz 2.000 vehículos incautados o abandonados en los recintos aduaneros para fortalecer el proceso enseñanza-aprendizaje. El Ministerio de Educación será el encargado de la distribución de los motorizados, que deberán contar con informe policial de no denuncia de robo.
La decisión está contenida en el Decreto Supremo 2102, aprobado el 3 de septiembre, que en parte de su primer artículo refiere que los motorizados entregados deberán contar “con sentencia ejecutoriada o resolución firme, cuyas condiciones no sean aptas para su circulación”.
La Aduana Nacional estará encargada de la identificación y selección de las unidades y verificación, a través de la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove), de que no cuentan con denuncia de robo. De no contar con denuncia, será borrado el número de chasis para su posterior distribución a los beneficiarios.
“Mediante Resolución Administrativa las Administraciones Aduaneras adjudicarán al Ministerio de la Presidencia, los dos mil vehículos automotores objeto del presidente Decreto Supremo, para que los mismos sean distribuidos a través del Ministerio de Educación a unidades educativas e institutos de formación en el ámbito técnico, tecnológico automotriz, con la finalidad de fortalecer el proceso enseñanza-aprendizaje”, refiere el parágrafo III del artículo dos de la norma.
La norma no establece si los beneficiarios serán solo instituciones públicas o también privadas.
