El presidente de la Cámara de Diputados, Marcelo Elío, acusó hoy a la Comisión Nacional de Refugiados (Conare) de Brasil de «complicidad» con los supuestos delitos por los que la justicia boliviana reclama al exfiscal Marcelo Soza, huido a ese país en marzo pasado, informaron medios locales.
Elío, que también sostuvo que la Conare está manejada por fuerzas de derechas, opinó así después de que ayer se conociese que Brasil ha prorrogado por un año el estatus provisional de refugiado otorgado a Soza, a quien la justicia de su país reclama por supuestos delitos de corrupción.
El organismo brasileño «tiene una fuerte presencia conservadora de la derecha que parecería que está protegiendo a sus secuaces, lo cual muestra que hay una suerte de complicidad del Conare, que protege los delitos penales de este individuo», dijo el presidente de la Cámara de Diputados, en declaraciones recogidas por la agencia estatal ABI.
Fuentes oficiales brasileñas confirmaron este lunes a Efe la prórroga por un año del estatus provisional de refugiado otorgado a Soza.
La renovación del refugio temporal es parte de un procedimiento «automático», toda vez que el primer amparo concedido por seis meses ha vencido y la Conare aún no ha decidido sobre el caso, indicaron las mismas fuentes.
El exfiscal Marcelo Soza dirigió una investigación sobre un supuesto complot contra el presidente de Bolivia, Evo Morales, ocurrido en abril de 2009 en la ciudad oriental de Santa Cruz.
El llamado «caso terrorismo» estalló el 16 de abril de 2009, cuando un comando policial realizó un operativo en un hotel de Santa Cruz que se saldó con tres extranjeros muertos y dos detenidos, acusados de pertenecer a una célula terrorista que quería atentar contra Morales con fines secesionistas.
Soza dimitió de su cargo después de que la oposición hizo públicas unas grabaciones en la que supuestamente él hacía revelaciones sobre corrupción en el sistema judicial boliviano y tras aparecer en unas fotografías con abogados que el Gobierno hizo detener por pertenecer supuestamente a una red de extorsiones.
Algunos de los imputados por Soza en el «caso terrorismo» lo acusaron de extorsión, mientras que la Fiscalía General le inició un proceso por incumplimiento de deberes.
Soza huyó luego a Brasil, donde tiene un permiso provisional para residir y trabajar, hasta que la Conare, que depende del Ministerio de Justicia, tome una decisión definitiva en relación al refugio.
Bolivia ha manifestado que pretende pedir su extradición, pero no puede hacerlo hasta tanto no sea tomada una decisión firme sobre la permanencia en Brasil, y sólo podría exigirla en el caso de que el refugio sea negado.
