El Gobierno argentino impuso hoy su mayoría parlamentaria y sacó adelante una ley que permite el pago en Argentina de la deuda reestructurada, con lo que pretende esquivar las trabas impuestas al pago a los acreedores por un juez de Estados Unidos.
Tras una sesión maratoniana, que comenzó el miércoles y se prolongó durante más de 14 horas, el proyecto para cambiar la sede de pago de los títulos de deuda estatal quedó convertido en ley con 134 votos a favor, 99 en contra y 5 abstenciones en la Cámara de Diputados.
«Esto es un instrumento muy importante», recalcó Jorge Capitanich, el jefe de Gabinete del Gobierno de la presidenta, Cristina Fernández, durante su rueda de prensa diaria.
Con la Ley de pago soberano, el oficialismo ofrece una alternativa de pago local a los acreedores que no han podido cobrar los fondos entregados por Argentina a los agentes fiduciarios internacionales debido a la aplicación del fallo del juez neoyorquino Thomas Griesa, favorable a los fondos especulativos que no aceptaron la reestructuración de la deuda argentina.
La medida, anunciada por Fernández a finales del mes pasado, fue aprobada por el Senado la semana pasada con el objetivo de superar el trámite parlamentario antes del próximo vencimiento de la deuda reestructurada, de 200 millones de dólares, a finales de este mes.
Según el jefe de ministros, con esta medida el país suramericano ratifica y garantiza «la voluntad de la República Argentina de cumplir sus obligaciones financieras con el 92,4 por ciento de los tenedores de bonistas (tenedores de bonos) que participaron en la reestructuración» de la millonaria deuda en mora desde la crisis de 2001.
Además, apuntó también que el Estado mantiene abierto el «diálogo» para cumplir con el 100 por cien de los tenedores en condiciones «justas, equitativas y legales».
Capitanich criticó el rechazo al proyecto de la oposición, que votó contra la iniciativa por considerar que no resolverá el conflicto abierto en Estados Unidos con los fondos especulativos, que reclaman el pago de 1.300 millones de dólares, más intereses.
«Aquí tenemos una clara divisoria de aguas, los que votan a favor de la soberanía del país, del pago soberano, y los que votan en contra del país y lo hacen a favor de los intereses encubiertos de los fondos buitre», sostuvo.
«El mejor procedimiento para sacarse de encima al juez Griesa es cumplir la sentencia», adujo durante la tensa sesión parlamentaria Pablo Tonelli, de la opositora Propuesta Republicana (PRO), que votó en contra del proyecto gubernamental.
En el mismo sentido, la diputada opositora Elisa Carrió, de Frente Amplio UNEN, había asegurado que el Gobierno de Fernández coloca al país «en una situación de extrema gravedad institucional» y que el proyecto para el pago en Argentina «dificultará aún más la posibilidad de llegar a un acuerdo» con los fondos litigantes.
Capitanich se encaró a la postura de los opositores con el apoyo recibido en la Asamblea General de Naciones Unidas, donde el pasado martes se aprobó un proyecto para legislar los procesos de reestructuración de la deuda soberana a raíz del conflicto de la deuda argentina, con el apoyo del 69 por ciento de los países representados.
La Ley de pago soberano contempla sustituir al estadounidense Bank of New York-Mellon (BONY) por el estatal argentino Banco Nación como agente fiduciario de pago, intermediario entre el Estado argentino y los tenedores de bonos.
También permite que los acreedores nombren sus propios agentes de cobro para garantizar que les llegarán los fondos.
La iniciativa original proponía a los inversores cobrar en Argentina, pero, a propuesta de la oposición, se incluyó como opción que los acreedores puedan también cobrar en Francia a través de un canje de sus bonos bajo legislación estadounidense por otros bajo legislación francesa.
El país busca evitar así un bloqueo similar al ocurrido en junio pasado, cuando Argentina ingresó en el BONY los fondos correspondientes al último vencimiento de deuda reestructurada, pero la entidad no los entregó a sus destinatarios porque Griesa declaró ilegal la operación hasta que el país cumpla la sentencia favorable a los fondos especulativos.
