Paola Builes, candidata a hacerse con la corona de la más bella en Colombia, fue destituida de la competición tras conocerse que posar en un bikini demasiado pequeño durante su etapa de modelo, algo prohibido por el estricto reglamento del certamen, informaron hoy medios locales.
Builes, estudiante de Comunicación Social y Periodismo, había avanzado en la carrera por el codiciado título el pasado domingo, cuando fue elegida como nueva Señorita Antioquia, en representación del departamento del mismo nombre.
Sin embargo, sus esperanzas se truncaron cuando los organizadores del concurso regional decidieron destituirla al descubrir que había posado en un vestido de baño considerado inadecuado mientras trabajó como modelo.
La fotografía de la discordia muestra a la Señorita Antioquia en un bikini de tonos rosas y azules que en su versión superior resulta excesivamente pequeña, algo que levantó la polémica entre los organizadores y que fue definida por expertos en reinados como «demasiado sugestivo».
Los estrictos códigos del concurso colombiano de belleza establecen que las aspirantes no pueden aparecer en este tipo de fotografías, por lo que Builes no participará en la próxima edición del certamen, que tendrá lugar en noviembre próximo en Cartagena.
Pese a que una de las pruebas del concurso consiste precisamente en que las aspirantes desfilen en bikini, la censura de los organizadores se debe a que las participantes no pueden posar profesionalmente para ninguna marca de ropa de baño antes de participar en el concurso.
La suerte de Builes ya se ha vivido en Colombia con la destitución de otras candidatas por motivos parecidos en anteriores ediciones, algo que provoca que el puesto de segunda clasificada sea también muy codiciado para pasar a la acción cuando sea necesario.
Desde que el popular certamen se celebra, la prenda de baño femenina ha sido la mayor responsable de los escándalos de belleza, provocando incluso campañas mediáticas en su contra que la Iglesia católica lideró en los años 40 y 50.
Sin embargo, la radicalización del reglamento se produjo a partir de 1993 por motivo bien distinto, ya que el país se revolucionó cuando se supo que la candidata del departamento de Amazonas ese año, Catherine Sánchez Hernández, estaba casada y embarazada de dos meses
