El exprefecto de Oruro Luis Alberto Aguilar (MAS), sentenciado en primera instancia a seis años y diez meses de cárcel por la adjudicación irregular del proyecto Puerto Seco, enfrenta otros tres procesos que se sustancian y en todos tiene imputación formal.
El fiscal anticorrupción Franz Zulmer Villegas explicó que el primer juicio se debe a la firma de un contrato con la empresa Consultora Mendizábal y Asociados para la supervisión técnica de la construcción del puente distribuidor 3 de Julio, al sur de la capital departamental, proyecto y obra inexistentes.
“En este caso no se han realizado las audiencias por el planteamiento de diferentes incidentes de las partes”, comentó.
A la consultora se le dio un anticipo de Bs 149.000, 20% de los Bs 745.000 que iba a cobrar, aspecto que se encuentra sustentado en la documentación adjunta. “Es un caso que se halla en la etapa preparatoria del juicio, con imputación formal”, apuntó.
El segundo, se refiere a la malversación de recursos, denuncia remitida al Ministerio Público por la Contraloría General del Estado que estableció indicios de responsabilidad penal contra la exautoridad que administró la Prefectura entre 2005 y 2010.
El tercero, es sobre el incumplimiento de deberes y nombramientos ilegales de funcionarios. “Gracias a una resolución se contrató personal para ciertos proyectos que requerían profesionales ingenieros, pero no se cumplió con eso”, indicó. El personal contratado por el exprefecto es procesado por ejercicio ilegal de la profesión.
En 2009, el Ministerio de Transparencia denunció a Aguilar y a cuatro exfuncionarios por los delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y uso indebido de influencias en la adjudicación del proyecto Puerto Seco a la empresa Prointec por Bs 10 millones.
