La Organización de Naciones Unidas (ONU) expresó ayer, mediante un comunicado, su preocupación por la forma en que fue llevado a cabo el proceso de acusación contra dos magistradas del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), porque ello podría vulnerar el debido proceso y el derecho a la defensa.
La Oficina en Bolivia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos indicó en el boletín su posición sobre el juicio contra las magistradas Ligia Velásquez y Rosario Chánez, por haber suspendido la aplicación de la Ley del Notariado.
“Preocupa a la Oficina que en este juicio, debido a la forma en la que se han llevado a cabo varios actos procesales, éstos podrían estar vulnerando las garantías del debido proceso de las acusadas, particularmente su derecho a la defensa plena. Preocupa también que dicho proceso podría comprometer y afectar la independencia judicial en el país”, advirtió el organismo internacional.
La Cámara de Diputados, controlada por el oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS), dio vía libre el 28 de julio el proceso por delitos de prevaricato, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, e incumplimiento de deberes. La Cámara de Senadores, igual controlada por los masistas, hará de tribunal de sentencia.
Las acusadas negaron los cargos y denunciaron persecución política. El magistrado Gualberto Cusi también está involucrado.
“La Oficina recuerda que cualquier proceso sancionatorio en contra de jueces, juezas, magistrados y magistradas debe ser estrictamente respetuoso de las garantías del debido proceso y sus miembros deben actuar con imparcialidad e independencia”, sostiene la ONU. La Ley del Notariado entró en vigencia y el juicio fue aplazado para después de octubre.
