Conformado el Tribunal de Sentencia, la Cámara de Senadores priorizará esta semana el tratamiento del juicio de responsabilidades en contra de las magistradas del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Ligia Velásquez y Soraida Chánez, por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución, prevaricato e incumplimiento de deberes.
El senador René Martínez (MAS) informó que ese proceso se enmarcará en la Ley del Juicio de Responsabilidades 040 y que en estos días el Tribunal de Sentencia conocerá las excusas y recusaciones de las partes demandadas.
«Se ha hecho la notificación hay un plazo de 10 días para conocer los niveles de representación, y si hay o no acciones por las partes demandadas. En estos 10 días la cámara de Senadores continuará el juicio de responsabilidades contra las dos magistradas», dijo Martínez en declaraciones a radio Panamericana.
El proceso de las dos magistradas se realiza en medio de denuncias realizadas por el abogado de la defensa Eduardo León sobre la ilegalidad del juicio, a lo que se suma la demanda penal interpuesta por los legisladores de la oposición contra los diputados del MAS, miembros de la Comisión de Justicia, que determinaron dar vía libre al enjuiciamiento de las dos magistradas del TSE.
«Esto nos llama la atención, porque ahí hay una lectura política, porque hay diferentes formas de intentar excluirse forzadamente del juicio, vale decir que estarían anticipando un criterio comprometiendo la imparcialidad que debe tener todo parlamentario en este juicio», afirmó Martínez.
El senador oficialista informó que la Cámara Alta llevará adelante un juicio oral, toda vez que tiene la facultad de dictar sentencia como autoridad pública competente.
La Presidencia de la Cámara de Diputados remitió el viernes 1 de agosto pasado al Senado, la Resolución Camaral que aprueba la Proposición Acusatoria para el enjuiciamiento público a las magistradas Velásquez y Chánez elegidas en 2011 a través de un proceso electoral nacional.
El legajo enviado al Senado incluye los obrados de todos los expedientes, la Proposición Acusatoria y la Resolución Camaral aprobada por mayoría absoluta de la Cámara de Diputados.
La denuncia fue formalizada el 4 de junio pasado por la Asociación de Notarios de Potosí y el Tribunal de Honor de la Asociación del Notariado Boliviano, en contra las magistradas, por admitir la demanda contra la Ley del Notariado y disponer la suspensión temporal de su aplicación mientras se resuelve el recurso.
Ante este panorama, los senadores de Convergencia Nacional (CN) Centa Rek y Germán Antelo presentaron ante la Fiscalía de La Paz una denuncia contra los diputados de la Comisión de Justicia de la Cámara Baja por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y por violencia política a las mujeres, tras haber avalado el juicio de responsabilidades contra dos magistradas del TC.
