El Presupuesto General del Estado (PGE) es la herramienta de gestión que tienen los gobernantes de turno para proyectar los ingresos y programar los gastos públicos (un año), esto les permite cumplir con la prestación de los bienes y servicios y cumplir sus políticas, planes, programas y proyectos que son indispensables para la satisfacción de las necesidades de la población.
En esta oportunidad quiero referirme al PGE de la gestión 2024, principalmente al presupuesto de las Entidades Territoriales Autónomas (ETA), qué está conformada por los Gobiernos Autónomos Departamentales (GAD), regionales (GAR), municipales (GAIOC) e indígena originario campesinos (GAIOC).
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Los artículos 241 y 242 de la Constitución Política del Estado (CPE) establecen que el pueblo soberano, por medio de la sociedad civil organizada, participará en el diseño de las políticas públicas.
El parágrafo IV del artículo 114 de la Ley 031 de 19 de julio de 2010, Marco de Autonomía y Descentralización “Andrés Ibáñez”, señala que las ETA elaborarán el presupuesto institucional considerando la integralidad y articulación de los procesos de planificación, programación, inversión y presupuesto, incorporando los mecanismos de participación y control social, en el marco de la transparencia fiscal y equidad de género.
De la normativa anteriormente señalada, se puede deducir que el presupuesto 2024 aprobado por las ETA tuvo una participación muy importante de la sociedad civil organizada, que como representación del pueblo boliviano y en coordinación con los órganos ejecutivo y deliberativo de las ETA, incorporaron sus demandas a dicho presupuesto, sea para programas o proyectos de inversión pública en temas de salud, educación, caminos, sector productivo, saneamiento básico, empleo, infraestructura u otros.
De acuerdo con información obtenida del proyecto del PGE 2024, presentado por el Órgano Ejecutivo a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su tratamiento y aprobación, se puede señalar que el presupuesto de las ETA de 2024, con relación a 2023, presenta un incremento del 4,1%, es decir, de Bs 30.257,1 millones a 31.510,1 millones, este aumento se debe principalmente a la fuente de financiamiento de la coparticipación tributaria que reciben los municipios, y según la normativa vigente, el nivel central del Estado recauda estos recursos para distribuir a cada municipio a través del sistema bancario.
Ahora bien, respecto al destino del presupuesto 2024 de los GAD y GAR (sin considerar recursos del TGN), principalmente va dirigido a los sectores de salud (19,9%), transportes (18,3%) administración general (16,5%), agropecuario (6,5%), multisectorial (6,8%) y deuda pública (5,7%), es decir que se prioriza el gasto en el sector salud. De igual manera en los GAM y GAIOC, el presupuesto es destinado a la administración general (20,9%), salud (17,4%), urbanismo y vivienda (14,7), educación (9,8%), saneamiento básico (8,1%) y multisectorial (7,5%), entre los más representativos.
A través de mecanismos de participación para la sociedad civil organizada y el control social, los órganos ejecutivo y deliberativo de las ETA aprobaron ese presupuesto, para que sea tratado y aprobado por los diputados y senadores que se encuentran en la Asamblea, quienes en realidad son los representantes y la voz de cada región del país.
Se espera que los asambleístas se pongan las manos sobre el corazón, reflexionen y aprueben el PGE 2024, y no actúen políticamente como lo hicieron con la ley de modificaciones al PGE 2023, la cual fue dilatada y boicoteada, perjudicando únicamente a la población en general, puesto que dichos recursos eran para ser ejecutados oportunamente por las gobernaciones y municipios, en programas, actividades y proyectos.
(*) Romer Bello Bernal es economista
