Ecuador aumentará en 250 los puntos de videovigilancia en seis provincias fronterizas del norte y del sur del país, lo que implicará una inversión de cerca de 3.250.000 dólares, dijo el director del servicio integrado de seguridad (ECU-911), César Navas.
El proyecto forma parte de las acciones que, con un presupuesto total de diez millones de dólares, implementará el ECU-911 entre 2015 y 2017, cuando finalice el mandato del presidente Rafael Correa, indicó Navas en un encuentro con periodistas.
Para entonces, el sistema de seguridad, que en la actualidad incorpora más de 2.500 cámaras en el conjunto del territorio ecuatoriano, habrá llegado a los cerca de 500 puntos de videovigilancia en las seis provincias situadas más al norte y al sur, fronterizas con Colombia y Perú, respectivamente.
Los equipos tienen un alcance visual efectivo de cerca de un kilómetro, frente a los 500 metros de las cámaras actuales, y están dotados de sistemas de infrarrojos que posibilitarán la visión en condiciones de escasa iluminación, dijo.
El objetivo es mejorar la lucha contra los delitos en esas provincias, en especial contra actividades de narcotráfico, contrabando de combustible y tráfico legal de armas, agregó.
Navas destacó el aporte para la seguridad que supondrán estos equipos y consideró que el gasto de su instalación se compensa «de largo» en razón de los beneficios que posibilitan.
«Una cámara instalada nos cuesta aproximadamente 10.000 dólares, pero si esa sola cámara detiene cuatro o cinco procesos de contrabando en el año, la pagaste cinco veces», comentó.
El ECU-911 inaugurará este jueves su decimoquinto centro de operaciones en la ciudad de Nueva Loja, con lo que completará su despliegue territorial al 98,8 %, a falta solo de la apertura de una sala de operaciones en las islas Galápagos.
Navas destacó como elementos singulares del ECU-911 la cobertura que el sistema ofrece en todo el territorio nacional y la integración del personal, pues sus servicios coordinan la labor de policías, bomberos, paramédicos, militares y otros efectivos que dependen de los diferentes niveles de la Administración.
«Hemos llenado un vacío en la atención de emergencias a nivel nacional», dijo el responsable, quien destacó que el modelo de gestión ha sido visitado por delegados de sistemas de seguridad de Bolivia, Venezuela, Chile, Brasil, Paraguay e Inglaterra, y que están previstas nuevas visitas de autoridades de República Dominicana y Perú.
Avanzó que, junto a la implementación de los nuevos puntos de videovigilancia, entre los proyectos en agenda están el aumento de la cobertura de servicios en las provincias amazónicas de Napo y Orellana, que dispondrán de salas propias.
También se prepara la puesta en marcha de dos unidades móviles para coordinar los servicios ante eventos multitudinarios o en casos de catástrofes naturales.
Navas resaltó que el ECU-911, en el que trabajan 1.700 funcionarios, «no cuesta un centavo» al ciudadano, a pesar de que el gasto corriente anual asciende a 50 millones de dólares y a que el Estado ha invertido 270 millones de dólares desde que se puso en marcha hace dos años.
En la actualidad se estudia un mecanismo de financiación a través de una cuota aplicada a la factura telefónica, dijo Navas al señalar que hoy sería impensable no mantener plenamente activo un sistema que rinde un servicio palpable a la ciudadanía, por lo que consideró una cuestión de «corresponsabilidad ciudadana» contribuir a su sostenimiento.
El director del servicio destacó que un sistema como el ECU-911 es una respuesta «pragmática» a las necesidades de la seguridad, que tiene una presencia «transversal» en la sociedad, pues sin ella se ve afectado el comercio, el turismo, la educación y otros ámbitos del día a día de un país.
