El Senado notificó el lunes 11 a las magistradas del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) Ligia Velásquez y Soraida Chánez con el juicio de responsabilidades en su contra, pero ambas cuestionan el procedimiento seguido, ya que el documento no se les entregó personalmente.
“Ya se ha notificado y esperemos que presenten su descargo. Están a unos cuatro días hábiles (de los diez fijados), ellas ya saben”, afirmó ayer el presidente de la Cámara Alta, Eugenio Rojas, cuando fue consultado sobre el proceso a las dos magistradas.
Ambas fueron imputadas por los delitos de emisión de resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado (CPE), prevaricato e incumplimiento de deberes por haber suspendido la vigencia de la Ley del Notariado, tras la admisión de una demanda de inconstitucionalidad de la citada norma legal. La Cámara de Diputados autorizó el juicio de responsabilidades a ambas autoridades judiciales, por lo que fueron suspendidas de sus funciones, y el Senado debe constituirse en el tribunal de sentencia.
Rechazo. Las dos magistradas consultadas por este diario manifestaron que “no han sido notificadas personalmente” y que no han recibido ninguna notificación como señala la norma. “No me han notificado personalmente, ni en el domicilio procesal que se ha señalado”, aseguró la magistrada Velásquez. Acotó que se ha enterado por terceros que habrían dejado fotocopias del proceso en su anterior domicilio, en Cochabamba, donde se registró para el padrón biométrico. Por tanto, dijo que desconoce y no tiene en las manos toda la causa.
Explicó que el procedimiento establece que la notificación tiene que ser llevada a cabo con la acusación y las pruebas de cargo. Después debe señalarse el día y la hora para la instalación del juicio de responsabilidades. “No se ha cumplido con ese procedimiento”, insistió la magistrada. Tras cumplirse con estos requisitos, el acusado tiene diez días para presentar sus pruebas de descargo.
La magistrada Chánez también indicó que no la han notificado personalmente y que le “habrían dejado un cedulón en su domicilio de Oruro”. “Su forma de notificar de ellos es pegar cedulón y enviar donde creen conveniente, y yo me encuentro en Sucre y en ningún momento me ha llegado nada”, declaró a este medio.
Lamentó que, en total desconocimiento de la normativa vigente y la jurisprudencia del TCP, durante este proceso en ningún momento se haya cumplido con la entrega personal del documento. Explicó que corresponde hacerles llegar como actuado la imputación y la proposición acusatoria. “Ninguna de ellas nos llegó”, agregó.
El senador Marcelo Antezana Ruiz, de Convergencia Nacional (CN), indicó que como parte de la comisión de recepción y revisión de las excusas y recusas del juicio contra las magistradas nunca lo convocaron, ni le hicieron conocer que ya se notificó a ambas magistradas. Dijo que se siente “marginado” del proceso porque no le notifican nada del caso. Anunció que pedirá un informe al respecto.
Les sugieren pedir asilo
Proceso
“Les sugeriría a estas magistradas que no están siendo sometidas a un debido proceso, que pidan asilo político en una embajada porque este es un juicio político”, dijo la exdiputada Norma Piérola.
