Desde la pérdida de nuestra salida al mar, Bolivia ha intentado recuperarla por distintas vías, ya sea por tratados, acuerdos o por simples negociaciones bilaterales; cayendo en el error de no sostener una política estatal al respecto y confundiendo la misma con propuestas de los gobiernos de turno, ya sean de facto o constitucionales. Este error nos ha llevado a creer que podíamos confiar en ciertos gobiernos chilenos, desde el dictador Augusto Pinochet hasta la carismática Michelle Bachelet, sin comprender que la diplomacia chilena posee una clara y concreta política estatal respecto a los temas internacionales.
La diferencia entre Estado y Gobierno es que el primero es la sociedad organizada política y jurídicamente capaz de imponer sus leyes para garantizar la convivencia pacífica, y el Gobierno es la organización que representa al Estado en el cumplimiento de sus propósitos institucionales.
Adolfo Posada señala que “el Gobierno es cosa distinta al Estado, ya que se considera a aquél en su función de ordenar, de mantener un régimen, de gobernar, en suma, si se le define como un conjunto de órganos, el Gobierno es algo del Estado, para el Estado, pero no es el Estado”. Y la política es la ciencia con la que debe administrarse un Estado y también es la forma correcta de conciliar intereses entre dos o más comunidades.
Estos tres conceptos, claramente definidos por el derecho, no fueron asimilados por nuestros gobernantes durante más de un siglo, ocasionando frecuentes derrotas diplomáticas, en las que se soslayaban, se olvidaban o se ignoraban los contenidos de los tratados de 1866, 1874, 1884, 1904, y el tratado entre Chile y Perú de 1929.
Cada nuevo gobierno presumía de tener el mar en sus manos, dejando a un lado lo realizado por los anteriores, sin darse cuenta de que el agua se les estaba escapando de entre los dedos. En muchos casos creían que el tema estaba sujeto a la genialidad del gobernante, olvidando que las cancillerías son los espacios institucionales en los que los grandes temas y problemas nacionales con otros países deben ser manejados con una sola política de Estado.
Este Gobierno, entendiendo que es un mandato constitucional, está manejando el tema del mar como una política de Estado y ha buscado el consenso de exgobernantes adversos, quienes, despojados de sus hábitos partidarios, están apoyando de manera decidida una demanda que está ganando la batalla internacional de posicionar nuestra demanda en la prensa mundial y eso, de por sí, ya es un gran logro.
