La Defensoría del Pueblo de Bolivia pidió ayer a la Fiscalía que investigue a Percy Fernández, alcalde de Santa Cruz, por “agresiones verbales, físicas, psicológicas” y de connotación sexual a mujeres, y recomendó al Concejo Municipal acciones para determinar responsabilidades.
Un informe de la entidad presentado ayer por el defensor del Pueblo, Rolando Villena, en la capital oriental determina que el burgomaestre cruceño incurrió en conductas que vulneran normas nacionales e internacionales a favor de la mujer.
“Todas las violaciones a los derechos humanos de las mujeres fueron desarrolladas en la más absoluta impunidad, no existiendo a la fecha una condena judicial por los actos perpetrados, un sumario administrativo que evidencie las faltas cometidas y ni siquiera una verdadera fiscalización de parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional”, cuestionó el Defensor.
En abril, imágenes de un acto público mostraron cómo Fernández tocó la pierna de una periodista. El hecho generó rechazo de diferentes sectores de la población y la autoridad pidió disculpas públicas a la afectada y a su familia. Otro video de 2010 lo mostró besando contra su voluntad a una trabajadora de la construcción de un viaducto. En otro hecho ocurrido en 2012, la afectada fue la concejala cruceña Desirée Bravo.
“Es deber del Ministerio Público y las instancias correspondientes realizar las investigaciones y, en su caso, sancionar como manda el ordenamiento jurídico y el hecho de que hayan sido cometidas por un servidor público de nivel jerárquico, se constituye en un agravante”, señala Villena.
Esas conductas, según la Defensoría, no pueden considerarse faltas a la moral y la ética, sino que al ser específicamente tipificadas en el ordenamiento jurídico vigente, se constituyen en ilícitos. Por ello se recomienda a la Fiscalía iniciar una investigación y al Concejo Municipal de Santa Cruz realizar acciones administrativas para determinar responsabilidades.
Transgresión de las leyes
Legal
En su acción Fernández vulneró la Constitución Política del Estado, la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, el Código Penal y normativas internacionales sobre eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
