Una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llegó a Bolivia para hacer seguimiento a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre los conflictos poselectorales de 2019.
La misión tiene previsto reunirse entre mañana y el jueves con las víctimas de las masacres de Sacaba y Senkata; además, con el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Ricardo Torres, y con el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa.
El ministro de Justicia, Iván Lima, confirmó la información y añadió que “la delegación ha empezado a llegar a partir de hoy (lunes)”.
La delegación “estará haciendo un trabajo el miércoles y jueves junto a las víctimas de (las masacres de) Sacaba y Senkata, reuniéndose con nuestro Fiscal General del Estado y el presidente del Tribunal Supremo de Justicia”, detalló a los periodistas en puertas del Palacio de Gobierno.
La comisión está liderada por el comisionado relator de país, José Luis Caballero Ochoa, junto con la jefa de Gabinete, Patricia Colchero, y un equipo técnico.
“Esta visita es importante porque analiza y evalúa los avances y la manera de mejorar nuestro trabajo de protección y atención a las víctimas (de las masacres)”, agregó Lima.
Informe del GIEI
Los comisionados recogerán información con el objetivo de presentar el primer informe de la MESEG (Mesa de Seguimiento a las Recomendaciones del Informe del GIEI) y socializar sus hallazgos respecto de los avances.
La CIDH y el Estado boliviano suscribieron en diciembre de 2019 un acuerdo para apoyar la investigación de los actos de violencia; además, las violaciones a los derechos humanos ocurridos durante los conflictos sociales de 2019.
Entonces, una serie de protestas que denunciaban un supuesto fraude electoral cobró fuerza con un motín policial y la sugerencia militar para que el entonces presidente, Evo Morales, renuncie a su cargo.
Los movilizados vieron coronado su pedido el 10 de noviembre de ese año, cuando Morales se alejó del cargo.
Dos días después, el 12, la entonces senadora Jeanine Áñez asumió, primero, la titularidad del Senado y luego, la presidencia del país, en sendos actos en la Asamblea Legislativa, sin quorum necesario ni la presencia de la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS).
De inmediato surgieron las movilizaciones que pedían “respeto a la democracia” y reclamaban por la renuncia de Morales.
En el afán de contener las protestas, Áñez emitió el 14 de noviembre el Decreto Supremo 4078. Esa norm eximía de responsabilidad penal a policías y militares por el posible uso excesivo de la fuerza. La norma fue abrogada el 28 de noviembre.
Violencia
“Blindados”, los uniformados reprimieron violentamente a los movilizados. Primero, el 15 de noviembre, fuerzas del orden provocaron la muerte de 10 personas, la mayoría a bala, en el municipio de Sacaba, en Cochabamba.
Cuatro días más tarde, el 19, la historia se repitió. Esta vez en la zona de Senkata, en El Alto. La misma cantidad de personas perdió la vida debido a la violencia y el uso de armas de fuego por parte de los uniformados.
Tanto la CIDH como el GIEI, a su turno, establecieron que incluso hubo casos de ejecuciones extrajudiciales y que la violencia degeneró en masacres.
