Argentina desestimó hoy los efectos de la aplicación de un eventual desacato por parte de la justicia de Estados Unidos por su decisión de impulsar un cambio de jurisdicción para el pago de la deuda a sus bonistas.
«Cuando hablan de desacato no advierten que Argentina tiene inmunidad soberana, por lo tanto es inaplicable a la condición de país soberano», dijo el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich en rueda de prensa.
Argentina puede ser declarada en desacato por el juez de Nueva York, Thomas Griesa, por entender que desobedeció su sentencia de pagar 1.330 millones de dólares a fondos especulativos que tienen en su poder bonos en default.
El país sudamericano argumenta que no puede cumplir la sentencia porque implica el pago al valor nominal de los bonos y ello choca con una cláusula de los canjes según la cual si un acreedor recibe una mejora, el resto debe percibir lo mismo.
El gobierno argentino envió la noche del martes un proyecto de ley al Congreso que fija abonar en el país a los tenedores de bonos de su deuda, ante el bloqueo judicial de los pagos en Estados Unidos, y reabre el canje para todos los acreedores que siguen en mora.
Griesa le había advertido al país que se arriesgaba a ser considerado en desobediencia si impulsaba un cambio de jurisdicción.
«Las consecuencias (de una eventual declaración de desacato), si las tiene, deberá explicarlas el juez», dijo Capitanich.
El funcionario consideró que esa eventual situación no ahuyentará las inversiones en el país.
«Advertimos que el flujo total de inversión pública y privada seguirá siendo sostenido», respondió al ser consultado al respecto.
Unos 539 millones de dólares para el pago de servicios de la deuda reestructurada en canjes de 2005 y 2010 permanecen bloqueados en cuentas del Banco de Nueva York (BoNY) por orden de Griesa que impidió de ese modo que los acreedores cobren su dinero, lo que empujó al país a ser declarado en default parcial por agencias calificadoras de riesgo.
El 30 de septiembre opera un nuevo vencimiento por 200 millones de dólares de bonos reestructurados en los canjes de 2005 y 2010 al que se plegó el 93% de los acreedores de Argentina que busca ahora pagarlos en jurisdicción local.
«Estamos generando condiciones para que ese pago llegue» a los bonistas a través de un fideicomiso del estatal Banco Nación, dijo Capitanich.
La ley que el gobierno envió al Congreso prevé la reapertura del canje para los acreedores que no se adhirieron a los canjes anteriores y acepten cobrar en la capital argentina un monto equivalente al que cobran los adherentes a las otras refinanciaciones, que incluyeron quitas de capital de entre 45% y 70%.
La ley debe ser discutida en el Congreso de la Nación donde el gobierno cuenta con mayoría en ambas cámaras.
