La Cámara de Diputados de Argentina sancionó hoy una ley a la que se oponían empresarios que impone la regulación de precios y la producción en un contexto de fuerte inflación y caída de la economía.
En una maratónica sesión que concluyó en la madrugada, el oficialismo impuso su mayoría y consiguió la aprobación por 130 votos a favor, 105 en contra y 5 abstenciones de la llamada Ley de Abastecimiento y de otras dos normas para la creación de un observatorio de precios y de un fuero especial de defensa del consumidor, informó la Cámara de Diputados.
La norma modera la ley de Abastecimiento aprobada en 1974, que contemplaba pena de cárcel para empresarios que la incumplieran, aunque su utilización fue escasa o nula desde su aprobación.
La nueva ley reduce también las atribuciones del Estado, pero la reforma puso en alerta al sector empresarial que interpreta que el gobierno desempolvará este instrumento para intentar poner freno a la inflación de 18,2% que acumuló entre enero y agosto, según cifras oficiales.
De acuerdo con la nueva norma el gobierno podrá fijar márgenes de utilidad y precios de referencia, así como aplicar sanciones a quienes remarquen injustificadamente los precios, acaparen mercancías o se nieguen a la venta de productos.
Quienes incumplan la ley serán pausibles de multas de hasta 10 millones de pesos (1,18 millones de dólares) o sufrir clausuras por hasta 90 días o inhabilitación por dos años, aunque para ello se dará intervención a la justicia.
Quedan excluidas las pequeñas y medianas empresas «que no posean una posición dominante en el mercado».
«Estas tres leyes contribuyen a cumplir nuestra obligación como Estado y permitir que el Poder Ejecutivo tenga los instrumentos para defender de mejor manera a usuarios y consumidores», aseveró la diputada oficialista Diana Conti durante el debate.
El diputado por el opositor Frente Renovador José de Mendiguren, expresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), catalogó la norma de «irrazonable y contraproducente» y advirtió que «ahuyentará la inversión».
El llamado Grupo de los Seis (G-6), que nuclea a la Bolsa, grandes comerciantes, bancos privados, industriales, constructores y la Sociedad Rural (patronal del campo), anticipó que la denunciará por inconstitucional.
«Realmente es un arma muy poderosa que puede ser aplicada discrecionalmente y ése es el peligro sustancial que lleva en su contenido esta ley», dijo Héctor Méndez, presidente de la UIA.
El gobierno impulsó la ley en un contexto de inflación que se estima superará el 30% este año y en momentos de caída de la economía, tensiones cambiarias y en medio del conflicto que mantiene Argentina con los fondos especulativos en Nueva York que derivó en un default selectivo de la deuda.
