La ministra de Comunicación, Amanda Dávila, aseguró este jueves que está dispuesta a ir a la cárcel por defender la nacionalización de los hidrocarburos, en alusión al supuesto juicio de responsabilidades en su contra anunciado por Unidad Demócrata (UD) por la difusión de un spot televisivo que defiende la estatización de los recursos naturales instrumentada en 2006.
«Si me tienen que hacer un juicio que lo hagan, estoy aquí para enfrentarlo porque lo único que estamos haciendo es defender la nacionalización y si tengo que entrar a la cárcel por eso lo voy a hacer, porque mi libertad no vale nada respecto a la vida que más de 60 ciudadanos han sacrificado por tener lo que tenemos hoy», aseveró.
La Ministra sostuvo que enfrentará cualquier juicio por la principal política pública del Estado Plurinacional, por la que murieron 64 personas y más de 500 quedaron heridas, en la denominada ‘Guerra del Gas’ de 2003.
«Esta no es solamente una defensa cualquiera, hemos hecho el spot porque vamos a defender la nacionalización contra los vende patrias y aquellos que asumen oficiosamente la defensa de las empresas privadas», dijo.
La Ministra de Comunicación dijo que ninguna empresa transnacional planteó el aumento de sus ganancias, sin embargo fue el candidato de UD, Samuel Doria Medina, que propuso oficiosamente el 50% de ganancias para las trasnacionales.
A su juicio, el deber de cualquier ciudadano es defender la principal política que tiene un Estado, por lo que consideró que el anuncio de juicio de responsabilidades se basa en «una falsedad».
«Nosotros no hemos manipulado la declaración (de Doria Medina), esa no es una declaración solamente en un canal, es una declaración permanente que ha dado en otros medios de comunicación y eso no es casual», dijo.
Recordó que Doria Medina como Ministro de Planificación (1989-1993) planteó la privatización de una empresa por semana.
El spot en cuestión registra las declaraciones de Doria Medina efectuadas al canal estatal donde dijo que debería distribuirse el rédito de la explotación de los hidrocarburos 50% para el Estado y 50% para los privados, en abierta contradicción a la Constitución vigente boliviana que señala que los recursos naturales pertenecen única y exclusivamente al Estado.
