La Justicia determinó ampliar por 60 días más la detención preventiva del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, en el caso denominado Decretazo. La información fue confirmada por Martín Camacho, abogado defensor de la autoridad departamental.
“La autoridad jurisdiccional ha mantenido un plazo de detención (preventiva) de 60 días, que como ha explicado la autoridad (judicial), ya se han vencido a partir del 24 de julio; pero además ha disminuido los procesos judiciales, (y eso está) tornando más fácil la solicitud de una cesación ante el Tribunal de Sentencia”, dijo el jurista en una entrevista con la Red Unitel.
Martín Camacho celebró que se haya logrado reducir los riesgos procesales, de tres a uno. “Los resultados han sido favorables para la defensa del gobernador Luis Fernando Camacho”, añadió.
La audiencia del gobernador Camacho duró más de nueve horas y su abogado dijo que solicitará una nueva para la cesación de la detención preventiva.
Camacho está imputado por la supuesta comisión del delito de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes; eso por la aprobación de un decreto departamental antes de su viaje a Brasil, en marzo de este año.
Camacho encargó sus funciones al entonces secretario de Gestión Institucional, Miguel Ángel Navarro, cuando, según el Estatuto Autonómico de Santa Cruz, esa responsabilidad le correspondía al vicegobernador Mario Aguilera. Con ese fin, la autoridad cruceña promulgó el 9 de marzo el Decreto Departamental 373.
Luis Fernando Camacho
Entonces, el mismo Aguilera dijo que no había sido notificado por el reemplazo y que el decreto había sido “bajado” después de la Gaceta Departamental.
El Movimiento Al Socialismo (MAS) consideró ilegal ese extremo; la Gobernación de Santa Cruz alegó que fue un “error” el retiro del decreto y anunció una investigación.
Las investigaciones de este caso se abrieron a instancias del asambleísta departamental del MAS Clemente Ramos y luego se sumaron otros legisladores de oposición.
Actualmente, Luis Fernando Camacho también cumple detención preventiva en el penal de Chonchocoro, acusado en el caso Golpe de Estado I, que investiga los hechos precedentes al derrocamiento del presidente Evo Morales, en noviembre de 2019.
