La Ley 313, en la que se basó el Gobierno para demoler la casa patrimonial Alencastre y construir en ese terreno la Casa del Pueblo, abre un vacío legal con el artículo 302 de la Constitución Política del Estado (CPE), en lo referido a qué es “prioridad nacional”, advirtió el constitucionalista Williams Bascopé.
La Ley 313 de 2012, según el viceministro de Coordinación Gubernamental, Rodolfo Illanes, declara la construcción de la Casa Grande del Pueblo —detrás del Palacio de Gobierno, donde estuvo el inmueble patrimonial Alencastre— una “prioridad nacional”. Además, la norma “exceptúa” de que se sigan los procedimientos con el Gobierno Municipal como pedir licencia de demolición.
Bascopé señala que el Legislativo ha “aprovechado” el uso de la noción “prioridad nacional”. “Hay un vacío de qué es prioridad nacional, por lo general se entiende eso en temas de catástrofes o tiempos de guerra. Pero no hay un reglamento que especifique. Eso lo define políticamente la Asamblea. Así, pueden llevar adelante cualquier obra que declaren ‘prioridad nacional’”.
Pero dos numerales de la CPE pueden crear conflicto. El artículo 302 II, ordena que los municipios se encargan de lo urbanístico en coordinación con planes del nivel central. “No se coordinó, ahí puede haber conflicto de competencia”.
También cita al numeral XVI del mismo artículo que indica que es competencia municipal exclusiva la preservación del patrimonio monumental del municipio. La casa Alencastre tenía esa categoría. “Ahí puede haber un conflicto de competencias, lo cual debería dilucidar el Tribunal Constitucional, que en mi opinión ahora no existe”, dice.
Bascopé afirma que el tema, “en el largo plazo” podría acarrear responsabilidades a quienes permitieron las obras de demolición. “De aquí a unos diez años, cuando exista otra correlación de fuerzas, las personas que aprobaron la demolición pueden tener problemas”, advirtió.
