La magistrada suspendida del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) Soraida Chánez presentó ayer, ante el Senado, sus pruebas de descargo por el juicio de responsabilidades que se le instauró y denunció persecución política del Órgano Ejecutivo.
“Aquí se ha dado una orden, no hay por dónde desvirtuar. Estamos confundidos asumiendo defensa, agotando instancias, para luego acudir a estrados internacionales. No tengo acceso al Tribunal Constitucional, es un antecedente nefasto (…) hay una persecución política y no hay independencia de poderes como creen… ”, manifestó Chánez cuando presentó sus descargos.
Chánez y la magistrada Ligia Velásquez fueron imputadas por los delitos de emisión de resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado (CPE), prevaricato e incumplimiento de deberes por haber suspendido la vigencia de la Ley del Notariado. Eduardo León, uno de los abogados de la defensa de Chánez, indicó que han presentado 100 pruebas documentales y 36 testificales para demostrar la inocencia de su cliente.
El jurista explicó que la prueba documental va a demostrar que en ningún momento hubo violación de derechos y garantías constitucionales, y que no se ha paralizado ningún tipo de sistema procesal, civil ni penal. Acotó que las pruebas testificales demostrarán la inocencia absoluta de la magistrada y que solo hay un atropello en contra de ella.
“Chánez y Velásquez simplemente actuaron en suplencia porque no eran titulares de la Comisión de Admisión; también vamos a demostrar que es una persecución política como estrategia para sacar una nueva ley de reelección del presidente Evo Morales, y ¿quiénes les estorban?, estas magistradas”, expresó León.
Guido Melgar, el otro abogado de Chánez, ratificó que este juicio es injusto por intereses políticos. El lunes, la magistrada Velásquez presentará sus descargos y, a partir de ellos, el Senado fijará fecha para iniciar el proceso.
