Hoy se cumple un año del episodio más trágico de la historia carcelaria del país, cuando una pelea de reos del penal cruceño de Palmasola causó 35 muertes. La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) denuncia impunidad en el caso porque no se halla a los autores.
La madrugada del 23 de agosto de 2013, el país se despertó con la aún confusa noticia del conflicto en Palmasola. Las autoridades del Gobierno tuvieron que esperar hasta horas de la noche para dar el detalle del recuento: 35 muertos, entre ellos un niño de un año y medio, y una treintena de heridos. La causa, informaron, fue la pugna por el poder en la sección Chonchocorito, cuando internos del Pabellón B atacaron a los del A, en medio de un operativo minuciosamente planificado, con el uso de armas blancas y un incendio con el uso de gas licuado de petróleo. Por ello la mayoría de las víctimas sufrieron quemaduras.
El director nacional de Régimen Penitenciario, Javier Aramayo, se dispensó de referirse a este tema en dos oportunidades, debido a que se encontraba trabajando.
Informe. Basada en los informes de activistas de derechos humanos, la presidente de la APDHB, Yolanda Herrera, dijo que este hecho lamentable se convierte en un caso más de impunidad, ya que se indicó que hubo responsabilidad de diversas instancias estatales. “Vemos que no le dan la fuerza ni el seguimiento ni la atención suficiente para esclarecer lo que ha acontecido”, sostuvo la entrevistada.
La representante departamental de la APDHB de Santa Cruz, María Inés Galvis, denunció que la pesquisa iniciada sobre este caso está paralizada. “No se hizo nada, porque había cinco fiscales que tenían que investigar a algún acusado y los fiscales han parado todo”, declaró la activista a la agencia de noticias estatal ABI.
La representante cruceña de la APDHB también denunció que, hasta ayer, la Gobernación de Santa Cruz no cumplió su tarea de mejorar la infraestructura del penal de Palmasola. El defensor del Pueblo, Rolando Villena, reportó Erbol, indicó que hay pocos avances en los juicios y en la mejora de la infraestructura dañada.
Paralelamente a la posición de Galvis, Herrera lamentó que durante la investigación de este caso no se haya podido observar la voluntad política para esclarecer los hechos y castigar a los responsables del mismo.
La presidenta de la APDHB advirtió que la situación penitenciaria no cambió en la cárcel de Palmasola y que en cualquier momento puede repetirse un problema de esta naturaleza.
“Las condiciones (en el penal de Palmasola) no han mejorado y siempre existe un riesgo latente en cualquier cárcel de Bolivia que pueda suscitarse un hecho así”, manifestó Herrera. “Es una bomba de tiempo”, acotó.
Herrera hizo notar que, en este caso, se carece de protección de parte de instituciones estatales, un aspecto que no deja de preocupar, ya que los internos del penal están bajo la tutela del Estado, que debe proteger la vida.
Hace un año, la pelea por el control de Chonchocorito, que alberga a unos 500 de los 5.200 reos del penal, empezó entre las 05.30 y 05.40. El cabecilla de la Sección B, Pedro Luis Banegas, Sindi, y Roberto García Figueredo, Killi, atacaron a su similar de la Sección A, Herland Arteaga, quien tenía el poder, lo que implicaba cobrar entre Bs 200 y $us 2.500 a los presos nuevos para tener un lugar y preservar su integridad física.
Separación de reclusos
Traslado
Diez reos fueron identificados como los autores de la pelea en Palmasola, que dejó el saldo de 35 muertos. Éstos fueron trasladados al penal de Chonchocoro, cerca de la localidad de Viacha, en septiembre de 2013, por orden de la jueza Jimena Flores.
La Fiscalía General imputó a 17 jueces
Yuvert Donoso
Tras los enfrentamientos entre internos del penal de Palmasola que causó la muerte de 35 personas, el Consejo de la Magistratura, después de realizar una auditoría jurídica, encontró responsabilidades en 17 jueces que atendían los casos de los internos que fallecieron y resultaron heridos.
A partir de ese informe de la Unidad de Transparencia del Consejo de la Magistratura, la Fiscalía General del Estado imputó a los 17 jueces por los delitos de incumplimiento de deberes y otras faltas graves como la falta de notificación que provocó una mora procesal de los presos afectados.
En febrero de este año, el consejero de la Magistratura Wilbert Choque confirmó que una auditoría encontró responsabilidad penal y administrativa de jueces y personal judicial. Incluso, se refirió al entonces gobernador del penal de Palmasola, quien habría omitido la situación de los reclusos al destinarlo a determinadas secciones.
El trabajo de auditoría que fue instruido por el plenario del Consejo de la Magistratura se llevó adelante luego de los graves enfrentamientos entre internos del bloque A y del B del penal de Palmasola, lo que derivó en la muerte de los presos, la mayoría de ellos calcinados, y entre los que se encontraba el hijo de uno de los presos de apenas un año y medio.
