Argentina pidió a la Justicia detener a directivos de la multinacional gráfica estadounidense Donnelley, acusada de quiebra fraudulenta y presuntamente vinculada a fondos especulativos que litigan contra el país ante una Corte de Nueva York, anunció este lunes el gobierno.
«Hemos solicitado a la justicia federal la detención de los directivos por hacer trampa», dijo Ricardo Echegaray, jefe del ente recaudador de impuestos, en una reducida rueda de prensa a la que asistió la AFP.
Echegaray dijo desconocer dónde están los ejecutivos de la compañía, que está cerrada desde el 11 de agosto, ocupada por sus 400 trabajadores.
El Estado y los sindicatos reclaman a la justicia que declare a la empresa económicamente solvente por arrojar ganancias y tener balances favorables.
«La Comisión Nacional de Valores (CNV, reguladora bursátil argentina) ya puede elevar a la SEC (sigla en inglés) la documentación que prueba el fraude en la quiebra», dijo Echegaray.
El gobierno de la presidenta Cristina Kirchner asegura que los accionistas de Donnelley son grupos de inversión, entre ellos Black Rock y Capital World, socios «del fondo de inversión Elliot, del magnate Paul Singer, en sectores estratégicos, como la energía».
Singer es uno de los líderes de fondos especulativos que ganaron un juicio en Nueva York, donde un juez sentenció a Argentina a pagar el 100% de una deuda de 1.330 millones de dólares.
Al ser incumplido el fallo, el magistrado Thomas Griesa bloqueó en represalia un depósito de 539 millones de dólares que Argentina destinaba a pagar deuda a tenedores de bonos reestructurados.
Al impedírsele el cobro a bonistas que no eran parte del juicio, dos calificadoras de riesgo declararon al país en «default selectivo» el 30 de julio pasado.
«No sé por qué pidieron la quiebra. Un juez la decretó el mismo día del pedido, el 11 de agosto. No hay un solo caso así en la justicia», dijo el funcionario.
La quiebra fraudulenta está penalizada con prisión de dos a seis años.
En un mensaje por radio y TV, la presidenta Cristina Kirchner había dicho que contra Donnelley se iba a aplicar por primera vez la ley antiterrorista de 2011, cuya sanción por el Congreso había sido pedida por el ente regulador mundial antilavado de dinero GAFI, so pena de incluir a Argentina en una lista negra de países.
Echegaray aclaró, no obstante, que la acusación contra Donnelley, un líder mundial en industria gráfica, es por otro delito, el de crear caos económico.
