Una mujer, de 23 años, ahogó en una bañera a su hijo, de un año y ocho meses. El infante tenía problemas en los ojos, era sordo y tenía discapacidad mental. El crimen se produjo el viernes en Cochabamba y fue la familia de la procesada la que presentó la denuncia.
La infanticida había discutido con su pareja un día antes. “Estaba deprimida”, le dijo a la Policía, porque descubrió la infidelidad de su pareja y porque el niño tenía discapacidad. El padre del niño no se encontraba en la vivienda, pues por cuestiones de trabajo había viajado a La Paz.
El crimen ocurrió al finalizar la tarde del viernes en la urbanización El Ceibo, al norte de la ciudad. La mujer preparó un bañador con agua caliente para darle un baño y mientras lo hacía, lo ahogó, informó ayer el coronel Jhonny Corrales, subdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).
Luego de matar al niño, la mujer depositó su cadáver en la cama, alertó a la familia de su pareja e intentó quitarse la vida con un cuchillo.
“Fue trasladada al hospital Viedma, se le dieron los primeros auxilios para evitar que se desangre por las heridas que se habría realizado en las muñecas”, explicó Corrales.
Tras su recuperación fue aprehendida y remitida al Ministerio Público. La tarde del domingo se llevó adelante su audiencia de medidas cautelares y el juez Édgar Escóbar, del Juzgado 10° de Instrucción Cautelar en lo Penal, decidió —tras su confesión— enviarla con detención preventiva a la cárcel de San Sebastián mujeres.
Rolando Ramos, abogado de la familia del padre, pidió 30 años de cárcel para la mujer que confesó el crimen ante la Policía y el juez.
La defensa de la enjuiciada presentó un certificado médico que sostiene que tiene problemas psicológicos. “Nosotros vamos a demostrar que ella sabía lo que hacía. Estamos pidiendo 30 años de cárcel sin derecho a indulto, puede acogerse al proceso abreviado y pagar la sanción”, replicó el abogado de la parte civil. El nuevo Código Niña, Niño, Adolescente promulgado este año endurece la pena de infanticidio —asesinato de menores de hasta siete años— y la eleva a 30 años de prisión.
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