El Juzgado 1° de Trabajo intervino ayer la empresa Textiles Punto Blanco y posesionó a Luis Espejo como el interventor a fin de reactivar las actividades productivas de la firma. Los empleados no descartaron hacerse cargo de ésta.
Tras su posesión, Espejo informó que el martes la jueza 1° de Trabajo, Antonieta San Martín, ordenó la intervención de las instalaciones de la firma y la reanudación de las actividades productivas.
La medida fue asumida luego de que los 40 trabajadores de la empresa comenzaran hace 122 días una huelga de brazos caídos en demanda del pago de diferentes obligaciones laborales.
Espejo precisó que a fines de julio el Juzgado 1° de Trabajo lo designó como interventor y ayer fue posesionado para reactivar las actividades productivas de la empresa y reanudar la producción de prendas de vestir y comercializar los productos en las tiendas para generar ingresos.
Con los recursos, especificó que se cubrirán los gastos que garanticen la operación de la compañía. “También hay que ver las deudas que tiene la empresa para ir solventándolas”.
Para esa tarea, indicó que efectuará un análisis de la documentación del manejo contable, financiero, tributario y legal que definirá “la situación económica de la empresa Punto Blanco”. Apuntó que dicho informe lo presentará en cinco días y luego emitirá informes periódicos a la autoridad judicial.
El interventor explicó que dicha información servirá para tomar decisiones sobre el control de la empresa. En esa línea, sostuvo que se podría asumir varias determinaciones, entre ellas que la compañía pase a manos de los trabajadores con el objetivo de constituir empresas sociales.
La autoridad señaló que otra opción es declarar a la firma en quiebra fraudulenta. El secretario general del sindicato, Rubén Vargas, expresó que tras conocer el informe no se descarta que los trabajadores se hagan cargo de la firma.
Deudas. El 30 de agosto, el presidente ejecutivo de Textiles Punto Blanco, Raúl Antonio Valda Ibáñez, fue detenido y remitido a la cárcel de San Pedro por un proceso administrativo laboral iniciado por incumplimiento de derechos laborales a partir de 2010, como los bonos de categorías, de transporte y otros. Vargas sostuvo que hay otro proceso por falta de pago de salarios y subsidio de lactancia, que suman Bs 800.000.
Valda tiene otro proceso coactivo social para que realice la devolución de los aportes a las AFP, que llega a Bs 4,8 millones. La Federación Departamental de Trabajadores Fabriles de La Paz pedirá en una reunión al presidente Evo Morales que se garanticen las 40 fuentes laborales de Textiles Punto Blanco.
