Varios estudiosos coinciden en que si una sociedad quiere mirar críticamente lo que le sucede, basta analizar lo que pasa en sus cárceles. Las penitenciarías son espacios donde están recluidos algunos de los criminales más perversos, pero también están confinadas personas víctimas de alguna injusticia. En los penales del país conviven asesinos (varios reincidentes), narcotraficantes (una gran mayoría operadores), violadores, atracadores, ladrones de toda especie, en fin. Las pocas investigaciones existentes sostienen que los negocios más lucrativos en las cárceles son el tráfico de drogas, los robos preparados desde estos recintos y las extorsiones, incluidas las que se dan entre los mismos internos. Esto quiere decir que a pesar de estar encerrados los infractores continúan cometiendo delitos. ¿Cómo se maneja esta forma de delincuencia? ¿Quiénes ayudan o forman parte en este negocio? En fin, preguntas poco esclarecidas.
En estos centros de reclusión continúan reproduciéndose las marcadas estratificaciones sociales, económicas y culturales. Una realidad bastante distinta a la que se muestra en las películas, donde los reos aparecen uniformados y en casi igualdad de condiciones de residencia y derechos humanos. En el país se dice que existen medidas de control que ejercen “la custodia” en los días de visita, mediante requisas e inspecciones periódicas; sin embargo, siempre se encuentran armas blancas, drogas, alcohol y hasta armas de fuego en las celdas. Además se autorizan celebraciones de fiestas patronales, que son amenizadas incluso con músicos internacionales. ¡Vaya qué cárcel! Una reciente inspección a los presidios de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz demuestra lo dicho, y las autoridades han tenido que reconocer que no cuentan con detectores sofisticados para incautar objetos prohibidos. Pero al parecer las requisas sorpresa son muchas veces fallidas, porque los presos son los primeros en enterarse.
Un caso especial es lo que ocurre en Palmasola, en la ciudad de Santa Cruz. Recuérdese la brutal masacre de agosto de 2013 o el reciente enfrentamiento con armas de fuego en la cárcel de El Abra en Cochabamba que causó cuatro fallecidos. Este centro de reclusión es considerado uno de los más deplorables y peligrosos del país. En Santa Cruz se ha llegado a comprobar una inusual relación entre policías y detenidos con jueces y fiscales que trabajan en una verdadera corporación criminal. Se dice que detrás de esta realidad existe un gran negocio, a pesar de los intentos de cambiar la administración de la Justicia por el Estado y la sociedad.
Para nadie es un secreto que los atracos, asesinatos y robos de vehículos en Santa Cruz son organizados desde la cárcel de Palmasola. Miles de ciudadanos que sufren el robo de sus automóviles de lujo acuden a este centro con el fin de pagar el monto “en crudo” de la extorsión para recuperarlos. Se sabe que los operadores de estos robos son exreclusos que han obtenido la libertad gracias a las “medidas sustitutivas”. En las cárceles de nuestro país la mayoría de los internos posee hasta dos teléfonos celulares. Para frenar este uso delincuencial, ¿no es posible inhabilitar o bloquear los teléfonos en la zona de reclusión? Para ello solo se necesita pensar de manera lógica y sencilla.
En medio de los vericuetos jurídicos y de “custodia policial” inoperante muy pocas veces se habla de la posibilidad de rehabilitar a los encarcelados. ¿Es posible rehabilitarlos? Es necesario pensar que la cárcel no resuelve ni resolverá las graves infracciones que se traducen en múltiples delitos de la sociedad. Hay que apostar por medidas de cambio estructural, desde la infraestructura, pasando por la administración civil, hasta contar con profesionales probos (psiquiatras, psicólogos, trabajadoras sociales, sociólogos, en fin) para llevar a cabo esta gigante tarea. Incluso se debería apostar por una educación y el trabajo constante como medios de rehabilitación permanentes. ¿Uka jach’a lunthat jaqinakaxa qhispayasipxaspati? Ukawa amuyañasa.
