La corrupción, un mal arraigado en la política brasileña, se ha colado en la campaña para las elecciones del domingo 5 de octubre, tras las explosivas denuncias de presunto pago de coimas a legisladores a través de la gigante estatal Petrobras.
El escándalo, que involucra a la empresa más valiosa para los brasileños, golpeó a la candidata y presidenta, Dilma Rousseff, poco antes de los comicios presidenciales en los que disputa su reelección voto a voto con la socialista y ambientalista Marina Silva.
El combate a la corrupción es justamente una de las diez prioridades que los brasileños exigen a su futuro mandatario, atrás de salud, educación, seguridad pública, empleo y control de la inflación, entre otros, según una encuesta de Ibope, y fue uno de los reclamos de más de un millón de brasileños que manifestaron en las calles en 2013. El tema cobró más fuerza tras la declaración a la Policía de Paulo Roberto Costa, exdirector de Petrobras acusado de lavado de dinero, filtrada por la revista Veja, según la cual se habrían pagado coimas con dinero de contratos a al menos 25 diputados, seis senadores y tres gobernadores, principalmente aliados del Gobierno.
Munición. “Es munición para la oposición” contra la gobernante, dijo Cristiane Jalles, politóloga de la Universidad Federal de Juiz de Fora (Minas Gerais, sureste). Silva, que de acuerdo con las encuestas empataría con Rousseff en una segunda vuelta electoral, acusó al Gobierno de “destruir Petrobras”. Para Bruno Speck, politólogo de la Universidad de Sao Paulo y especialista en Transparencia, el impacto del escándalo en el voto dependerá de si surge o no información que confirme esas denuncias en el periodo electoral, lo que parece difícil porque está bajo secreto sumarial.
La oposición ha bautizado al caso como “Mensalao 2”, aludiendo al famoso escándalo “Mensalao”, que reveló pagos del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) a aliados en el Congreso a cambio de votos en 2005, y culminó con varios ministros y jerarcas del PT declarados culpables por la Corte Suprema en 2012.
“La corrupción siempre está presente en las elecciones y no podemos atribuirla solo al PT y aliados, hay también casos en la oposición”, lamentó Gil Castello Branco, responsable de la ONG Cuentas Abiertas, creada para supervisar el gasto público.
En su primer año de gobierno, Rousseff despidió de su gabinete a siete ministros acusados de desvíos de fondos o irregularidades, en una señal de intolerancia inédita ante las malas prácticas. Pero el problema de la corrupción, un mal histórico en Brasil, no es fácil de resolver. En algunos casos se da por la financiación de la campaña electoral por empresas, que muchas veces exigen luego retribuciones.
O el propio sistema político, que solo permite al partido ganador gobernar mediante alianzas con otros frentes. Éstos exigen cargos a cambio, principalmente en grandes compañías estatales, convertidas en una especie de “Disneylandia” para los políticos porque manejan muchos recursos y tienen poca transparencia en sus cuentas, tal como destacó Castello Branco.
Hubo avances. Éstas son las primeras elecciones generales en las que se aplica la Ley de Ficha Limpia, que impide la elección de candidatos condenados en la Justicia por malversación o enriquecimiento ilícito. En la capital de Brasil, la norma forzó la dimisión del favorito absoluto para gobernador en estos comicios, José Roberto Arruda, quien ya había gobernado el Distrito Federal pero dejó su mandato en 2010, cuando fue preso después de que una red de televisión lo mostrara recibiendo gruesos fajos de billetes, presuntamente para comprar apoyos políticos. El fiscal general pidió también que sea impedida la candidatura a diputado del exgobernador de Sao Paulo Paulo Maluf, cuyo nombre aparecía en la lista de personas buscadas por Interpol, acusado de desvío de recursos de obras públicas. En total, 250 postulantes fueron considerados con “ficha criminal sucia” para estos comicios, y no podrán ser electos, según datos de la Justicia electoral y el portal electrónico Congreso en Foco.
Hay más. El diario O Globo reveló el viernes que Costa informó haber recibido $us 23 millones de una empresa constructora a cambio de facilitar contratos con la petrolera. Y habría implicado a más políticos en sus declaraciones y reconoció haber ayudado al Partido Progresista (PP), aliado del Gobierno, a tener una contabilidad ilegal.
Rousseff, la economista
Dilma Rousseff (66) era una tecnócrata de prestigio, fama de antipática y sin aspiraciones políticas conocidas. Pero fue candidata a la presidencia, ganó, le tomó el gusto al poder y ahora busca un segundo mandato. Esta economista se convirtió de la mano de su mentor, Luiz Inácio Lula da Silva, líder del Partido de los Trabajadores (PT), en la primera mujer elegida para un cargo que, en la historia republicana brasileña, solo habían ocupado 35 hombres, reseñó EFE.
Silva, la ambientalista
La ecologista y exministra Marina Silva (56) se volvió a situar en la carrera presidencial tras la muerte de Eduardo Campos, aspirante del Partido Socialista de Brasil (PSB). Es profundamente religiosa y defensora acérrima de la Amazonía. A los seis años su sangre fue contaminada por mercurio, sufrió cinco veces malaria y tres, hepatitis. Tras agudizarse su enfermedad en los años 90, dejó la religión católica y se convirtió a la evangélica, según EFE.
Más datos de la cita electoral
Cargos
Además de presidente, el domingo 5 de octubre los brasileños elegirán a 27 gobernadores y otros tantos senadores, 513 diputados federales y 1.035 diputados de los estados, entre un total de 26.156 candidatos.
Mujeres
Las mujeres y los negros, pese a ser grupos mayoritarios en Brasil, solo constituyen el 30,9% y el 44,2%, respectivamente, de los postulantes presidenciales, legislativos y regionales, según un estudio señalado por EFE.
Indígenas
En cuanto a los indígenas, hay 83 candidatos indios, el 0,32% del total, en un país en el que esta raza representa el 0,44% de la población. De los aspirantes indígenas, tres postulan a senador, 24 a diputado federal y 51 a diputado regional.
