La coyuntura electoral es el momento más apropiado para desplegar un amplio debate sobre las diversas cuestiones que interesan a la vida colectiva en el presente y sobre todo en el futuro. El debate no tiene por qué concentrarse exclusivamente en las opiniones y propuestas de los candidatos a los diferentes puestos electivos. Ni se trata tampoco de una confrontación discursiva llevada a cabo exclusivamente en el nivel del liderazgo político. Lo que se requiere, por tanto, es una deliberación argumentada donde participen los liderazgos político, académico, social y económico.
Si los candidatos están obligados a ceñirse a determinadas normas establecidas por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), no creo que haya restricción alguna para que la opinión pública se exprese por los canales que le son habituales, siempre que dentro de límites razonables sus expresiones no se presten a ser interpretadas como campaña proselitista en favor de alguna candidatura.
Una expansión del debate electoral de las características señaladas podría eventualmente contribuir a contextualizar mejor los alcances del debate político, que hasta ahora no ha abordado a cabalidad cuestiones estructurales de la economía, de las imprescindibles reformas institucionales, ni menos de una visión verosímil sobre el futuro del país en un contexto global cada vez más incierto y complejo. Está claro que la mayor parte de estas cuestiones no le interesan de modo inmediato a los electores y, en consecuencia, tampoco son materia central de las campañas de los partidos políticos, aunque todas ellas a la postre afectan de una u otra manera a las perspectivas de empleo, ingresos y seguridad personal de todos.
Como es muy poco probable que se mantenga la bonanza fiscal en el futuro inmediato, ni tampoco que persistan las mismas condiciones políticas en el entorno sudamericano, resulta recomendable disponer de una carta de navegación internacional de mediano plazo, así como de algunas orientaciones básicas sobre los posibles escenarios internos. Se trata de dos aspectos que no dependen de la constelación política que se establezca como resultado de las elecciones. Por el contrario, es la composición del nuevo sistema político la que determinará las respuestas posibles ante los problemas emergentes en el nuevo ciclo de la gestión económica desde la instalación de la democracia en 1982.
Se advierte en efecto una coincidencia notable entre los observadores mejor informados sobre el inminente cambio de circunstancias comerciales y financieras en la economía internacional, lo que tendrá repercusiones en la balanza de pagos y en las cuentas fiscales del país. Las propias autoridades económicas ya han anunciado que este año probablemente regresará el déficit fiscal, después de ocho años seguidos de superávit. El hecho de que se registrará una caída de los términos del intercambio también forma parte de los pronósticos responsables. Poco es lo que puede hacerse a corto plazo respecto de esto último, puesto que se trata de variables que no están bajo el control de las autoridades nacionales, aunque se pueden adoptar medidas respecto de la distribución de los costos del ajuste subsecuente. Un enfoque estatista de controles, prohibiciones y subsidios repercutiría a poco andar sobre la situación fiscal.
Las cuentas fiscales, por su parte, son el resultado de decisiones internas de política económica, tributaria y de asignación del gasto público. El enfoque neoliberal ante un déficit fiscal consiste sin variantes en el recorte de gastos y la consiguiente contracción económica, con elevado costo social. Ante tales perspectivas lo mejor sería deponer el dogmatismo en ambos extremos y preparar a tiempo las condiciones para respuestas flexibles con protección social.
