El vicepresidente Álvaro García aseguró que los miembros del Consejo de la Magistratura están “fallando de una manera vergonzosa y casi delincuencial” en la fiscalización de la labor de los operadores de Justicia y abrió la posibilidad de instaurar un juicio de responsabilidades contra esos magistrados, elegidos mediante el voto.
“Esta es una señal muy fuerte para someter a revisión y someter a procedimiento de la Asamblea Legislativa a las personas que están a cargo del ámbito de la administración interna de los juzgados”, respondió el también presidente de la Asamblea Legislativa frente a la enumeración de casos de jueces vinculados a irregularidades.
La Magistratura, según el parágrafo I del artículo 193 de la Constitución Política del Estado, es “responsable del régimen disciplinario de la jurisdicción ordinaria, agroambiental y de la jurisdicciones especializadas; del control y fiscalización de su manejo administrativo y financiero; y de la formulación de políticas de su gestión”.
García fue informado por periodistas en una entrevista con la red ATB sobre el caso de un juez que habría viabilizado la salida de un preso para que juegue en un equipo de fútbol y de otra que dio libertad condicional a un sicario de nacionalidad colombiana. También se le recordó que Ariel Tancara, asesinado en el penal de El Abra, salió 19 veces de la cárcel.
La fiscalización del trabajo de los operadores de Justicia está bajo la responsabilidad de la Magistratura y, en caso de ser detectadas irregularidades, los jueces deben ser suspendidos, sometidos a procesos disciplinarios y penales, demandó.
“Ese tipo de cosas no lo podemos hacer nosotros, no está en nuestras manos, pero podemos enjuiciar a las máximas autoridades que no están cumpliendo su trabajo”, advirtió y aseguró que la Asamblea Legislativa instaurará juicios de responsabilidades a las máximas autoridades judiciales que incumplan con sus funciones o estén vinculados con hechos delictivos.
El Consejo de la Magistratura está integrada por las magistradas Cristina Mamani, Roger Treviño, Freddy Sanabria, Wilma Mamani y Wilber Choque, todos elegidos en las elecciones judiciales de 2011. En esa ocasión también fueron elegidas autoridades para el Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y para el Tribunal Constitucional.
García reconoció que en ese proceso no fue valorada la meritocracia y reveló que algunos fueron postulados solo por su trabajo con organizaciones sociales, sin embargo insistió en la amenaza de suspender de sus cargos a quienes no cumplan con sus funciones, como ya ocurre con tres miembros del control constitucional.
“Si hay que hacer eso con 10 o 15 jueces se lo va a hacer, la Asamblea tiene ese poder y va a ejercer ese poder justo frente a funcionarios que no han sabido responder a la demanda ciudadana”, afirmó en la entrevista con la red ATB.
Las magistradas del Tribunal Constitucional Ligia Velásquez y Soraida Chánez fueron suspendidas de sus cargos y están a la espera de la instauración del juicio de responsabilidades en el Senado por la comisión de delitos como incumplimiento de deberes en la suspensión de la vigencia de la ley del Notariado. También está acusado Gualberto Cusi.
“Ya hay tres, habrá sentencia pronto y hay otros tres o cuatro en camino (de proceso). Y sí va a continuar, si no hay una señal o giro de timón”, sostuvo.
