El presidente Evo Morales ha logrado el 61,36% de los votos en las elecciones del 12 de octubre y con ese porcentaje, 113 de los 166 legisladores que componen la Asamblea Legislativa Plurinacional. En otras palabras, dos tercios y el control de las decisiones políticas del Estado para el largo plazo.
Con este apoyo, el MAS podrá elegir a seis de los miembros del Tribunal Supremo Electoral (TSE), cuyo mandato concluye en 2016. Podrá censurar a ministros y seleccionar a los candidatos a magistrados y jueces del Órgano Judicial, un aspecto cuestionado por los resultados que dio esta reforma de seleccionar a las principales autoridades judiciales. Con comodidad, el Legislativo podrá designar a las altas autoridades del Estado y autorizar al Tribunal Superior de Justicia juzgar a exmandatarios.
El oficialismo tiene la vía expedita para validar una ley de reforma constitucional, cuya necesidad responderá al avance de una compleja institucionalidad en la que se combinarán los desafíos autonómicos con los del Estado; los retos de hacer aún más inclusivo al país que sufrió por los desencuentros históricos y las proyecciones de una economía obligada a crecer para pagar milenarias deudas sociales. Así, Morales tiene el poder/responsabilidad de cimentar un proyecto institucional antes que uno personal o sectorial.
