La aprobación de planimetrías en las áreas en conflicto de límites efectuada por los gobiernos locales vecinos fomenta la ilegalidad en las construcciones y favorece a los loteadores, dijo Jorge Silva, concejal del Movimiento Al Socialismo (MAS).
“Lamentablemente los problemas de límites que tenemos con los municipios vecinos favorecen a los loteadores, quienes, incluso en complicidad con funcionarios municipales, se han dado a la tarea de lotear áreas de equipamiento, áreas verdes y otras que le pertenecen al municipio de La Paz”, apuntó.
De los 433 Procesos Técnicos Administrativos (PTA) iniciados por el Gobierno Municipal de La Paz en 2013 en el Macrodistrito Sur, 153 (35,3%) corresponden a construcciones fuera de norma.
Para Silva, el tiempo que tomaba aprobar una planimetría —hasta 20 años— ocasionaba el hastío de los vecinos, quienes recurrían a las administraciones municipales colindantes para consolidar sus urbanizaciones.
Para agilizar unos 100 trámites, el 15 de octubre, el Concejo aprobó la Ley de Aprobación Extraordinaria de Planimetrías.
El Legislativo también inició conversaciones con municipios vecinos para declarar una pausa administrativa con el objetivo de evitar que se aprueben planos o planimetrías mientras esté pendiente la solución a los conflictos de delimitación.
“Sin embargo, parece que la iniciativa de la pausa administrativa no fue bien recibida. Hay un interés político que nos impide avanzar para zanjar estos problemas”, declaró.
Sin embargo, el subalcalde del Sur, Carlos Urquizo, recordó que está vigente la Resolución Prefectural 121/2009, que dispone la suspensión de todos los procesos técnicos administrativos mientras se busca una solución al conflicto de límites, aunque la disposición tiene vacíos.
“Lamentablemente, la norma solo señala la detención del último recurso de fiscalización, cuando lo correcto sería paralizar también las autorizaciones, pero nadie cumple”, alegó.
El problema más agudo es con Palca, que reclama a La Paz 36.508,39 hectáreas, lo que representa más de un tercio en la mancha urbana y abarca los barrios: Callapa, Alto Irpavi, Irpavi II, Achumani, Ovejuyo, Chasquipampa, Chuquiaguillo y Apaña.
Los problemas jurídicos no afectan solamente a los gobiernos locales, sino a los propietarios o compradores, advirtió Urquizo.
‘No hay cultura de cumplir la norma’
En La Paz, generalmente, los ciudadanos no tienen una cultura de cumplimiento de las normas que regulan la edificación, dijo el presidente del Colegio de Arquitectos de La Paz, Wálter Hoz de Vila.
Por ello, la infracción más común es la construcción fuera de norma que deriva en la apertura de procesos técnicos administrativos.
“No existe una cultura del cumplimiento de la ley en temas de construcción. Si el propietario de una vivienda pudiera no pagar nada por un trabajo realizado por un arquitecto, seguro lo haría; es por ello que en La Paz existen al menos 37.000 edificaciones fuera de norma que la Alcaldía está tratando de legalizar”, argumentó.
El 6 de junio de este año, el Concejo Municipal aprobó una ordenanza y una ley que amplían por un año el Proceso Voluntario, Transitorio y Excepcional de Regularización de Edificaciones Fuera de Norma.
Hasta esa fecha, la Alcaldía recibió 12.134 solicitudes de regularización, de las cuales aprobó 6.680 y observó 3.469. Para Hoz de Vila, la Alcaldía también comete errores, entre los que destacó el que desde hace un par de meses la municipalidad ya no pide el visado de los planos de construcción, requisito que en su criterio fue suspendido en forma irresponsable y arbitraria.
“Actualmente no se sabe cuántos arquitectos presentan sus planos y ni siquiera si son profesionales. La Alcaldía no está controlando y cuando no hay una seria fiscalización, también se abre paso a que un vecino haga una construcción a criterio de los maestros albañiles”, advirtió.
