En tiempos electorales, cuando las cifras sobre la economía del Estado son el pan nuestro de cada día, llama poderosamente la atención que en esta fiesta de cifras de millonarias inversiones planeadas para los sectores productivos se descuiden aquellas destinadas a la exploración minera y al otrora Servicio Geológico, denominado ahora Servicio Nacional de Geología y Minería (Sergeomin), entidad responsable y representante del Estado en las tareas de búsqueda de nuevas minas para alimentar nuestro esmirriado portafolio minero.
Un dato por demás significativo: según información oficial reportada en medios escritos (v.g. “Reporte de Energía”, Informe Minería 2014) la inversión en exploración minera entre 2006 y 2013 de esta institución fue de $us 3,94 millones, es decir un promedio anual de menos de medio millón de dólares ($us 0,49 MM). Para el sector minero, que representa entre el 5% y 6% del PIB nacional y cerca del 25% del valor de las exportaciones, disponer de presupuestos tan esmirriados para explorar áreas potencialmente mineralizadas resulta, cuando menos, irrelevante. La minería se hace con minas, y cuando se agoten las actuales (heredad de los barones del estaño y del boom de exploraciones de los años 90), el país se verá en la disyuntiva de cerrar distritos mineros y establecimientos metalúrgicos o acudir a la compra de concentrados de mineral de países vecinos para alimentar los complejos metalúrgicos actuales y de aquellos que, con tanta pompa, se publicitan hoy como futuros pilares de la industrialización de nuestras materias primas.
La Ley 535 de Minería y Metalurgia, del 28 de mayo de 2014, dispone como fuentes de financiamiento del Sergeomin (Art. 81) aportes del TGN, porcentaje del pago de patentes, ingresos propios por servicios, ayuda de organismos internacionales y 10% del 85% de la regalía minera asignada al gobierno autónomo departamental productor (Art. 229), esto último para ser invertido en el respectivo departamento. ¿Quién explora los departamentos no productores?
El nivel promedio de recaudación de regalías en la última gestión fue de $us 132 millones y el productor mayor (Potosí) recaudó cerca de $us 92 millones, según datos del Sinacom. Con la norma actual se dispondría de $us 13 millones año en el ámbito nacional y $us 9,2 millones/año debieran destinarse a explorar el departamento de Potosí. Al margen del carácter aparentemente discriminatorio de la distribución de regalías, la medida abre una ventana para que el Sergeomin puede acceder a niveles de inversión más racionales, si en el camino a reglamentar la norma se logra racionalizarla para poder dirigir la inversión a áreas de probada potencialidad, sin reparos de límites geográficos. En apego al Art. 8 de la Ley 535 sobre el carácter estratégico, de utilidad pública y de necesidad estatal de los recursos minerales, y a la competencia del nivel central del Estado para la administración de toda la cadena productiva minera, esto puede ser posible.
Como reiteradamente anoto en mis escritos, la exploración minera no debiera ser la fea de la fiesta, miles de millones de inversión se destinan, entre otras cosas, a despertar los elefantes blancos de la minería nacional y no a desarrollar el potencial minero del país, crucial para la supervivencia de los pueblos del altiplano y de la cordillera y necesario para la diversificación de la producción de las tierras bajas del país.
