El Tribunal de Sentencia conformado por el Senado para iniciar un juicio de responsabilidades en contra de dos magistradas del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), decidió incluir en el proceso al magistrado Gualberto Cusi y postergar la causa por 10 días.
Los senadores del Movimiento Al Socialismo (MAS) consideraron que al ser un mismo caso, Cusi debía ser procesado junto a sus colegas Rosario Chánez y Ligia Velásquez, acusadas de prevaricato, resoluciones contrarias a las leyes e incumplimiento de deberes, por haber admitido una denuncia de inconstitucionalidad que dejó sin efecto la Ley del Notariado.
“La defensa (de Cusi) tiene tiempo para que presente sus descargos (dentro de este proceso). Después el Tribunal de Sentencia trabajará sobre todo en un elemento que es determinar cuánto daño causaron estas decisiones de los magistrados o no se causó daño, (en función a ello) el Tribunal tiene que establecer la culpabilidad o inocencia”, informó el senador David Sánchez (MAS).
Explicó que se calcula que entre el 20 y 24 de noviembre se dará inicio al juicio de responsabilidades, ya que ayer se envió la notificación al magistrado Cusi y, de acuerdo con el trabajo de diligencia, se podría iniciar el proceso. El juicio contra Chánez y Velásquez debía iniciarse ayer, a las 16.00, pero se suspendió por segunda vez. El 22 de octubre, Velásquez se desmayó y causó también la postergación del proceso.
La decisión fue justificada por el presidente del Senado, Eugenio Rojas, quien aseguró que no pueden existir dos juicios porque es un solo caso y tienen que estar los tres acusados juntos.
Adrián Melgar, abogado de Cusi, afirmó que su cliente aún no fue notificado, pero que se trabaja en las estrategias de defensa.
El viernes, Cusi señaló que los asambleístas le condenaron a muerte con la imputación y suspensión de sus funciones, ya que perdería su seguro de salud y carecería de recursos económicos para comprar medicamentos para curar la tuberculosis que padece. La ministra de Justicia, Sandra Gutiérrez, advirtió que no se permitirá que organismos internacionales tengan injerencia en el proceso contra los magistrados.
“Estamos haciendo (el juicio) a través de una ley nacional, nosotros no vamos a permitir que se inmiscuyan organismos internacionales, porque éste es un tema que se comete en nuestro país, por las irresponsabilidades de los magistrados que lo único que buscan es protagonismo político cuando es un tema eminentemente jurídico”, criticó Gutiérrez. Macario Lahor Cortés asumió ayer funciones en el TCP en lugar de Cusi, quien fue suspendido de sus funciones.
Pena llegaría a 10 años de cárcel
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Diputados, Rodolfo Calle, afirmó que los delitos por los que se acusa a los tres magistrados suspendidos del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) tienen una pena de privación de libertad de entre dos y diez años.
Los magistrados del TCP Rosario Chánez, Ligia Velásquez y Gualberto Cusi son acusados de prevaricato, resoluciones contrarias a las leyes e incumplimiento de deberes, por admitir un recurso de inconstitucionalidad que dejó sin efecto la Ley del Notariado.
“En este caso, los delitos por los que se los acusa son delitos tipificados en el Código Penal, mismo que establece una pena de privación de libertad desde los dos a diez años como una pena principal. Si el Senado los halla culpables, dará la sanción que vea conveniente”, dijo Calle. Añadió que por el ilícito de resoluciones contrarias a las leyes hay una pena de hasta ocho años de cárcel y por incumplimiento de deberes, hasta diez años. “No se puede poner una pena fija, ya que se debe valorar la participación de cada uno”, señaló.
