La sala plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) aprobó este lunes la resolución 524, que instruye a las nueve gobernaciones del país emitir el auto de buen gobierno para el día de las elecciones generales. El vocal Marco Ayala informó que la resolución contempla prohibiciones y sanciones que deberán ser aplicadas por las autoridades competentes como la Policía boliviana.
«El TSE aprobó la resolución 524 que contempla varios elementos como prohibiciones y sanciones que van a regir para la elección de este proceso electoral (…). Desde el día jueves se aplican todas las prohibiciones establecidas.», informó Ayala a la ANF.
La resolución establece que desde las 48 horas antes y hasta el medio día del lunes queda prohibido expender o consumir bebidas alcohólicas en domicilios particulares, tiendas, cantinas, hoteles, restaurantes y cualquier establecimiento público o privado, bajo multa de Bs 7.200 para propietarios o administradores y de Bs 720 para los ciudadanos.
Desde las 00.00 hasta las 24.00 del día de la elección queda prohibido portar armas de fuego, punzocortantes, o instrumentos contundentes y peligrosos, bajo multa de Bs 2.880; también el realizar actos o espectáculos públicos de cualquier tipo, caso contrario el propietario recibirá una multa de Bs 3.500.
Queda prohibido también, en ese lapso de tiempo, trasladar a ciudadanos de un recinto a otro por cualquier medio de transporte, así como la circulación de vehículos motorizados en todo el país, excepto aquellos que tengan autorización. La multa es la retención del vehículo en dependencias de tránsito por 24 horas, además de una multa de Bs 936.
Quedan prohibidos los viajes interdepartamentales e interprovinciales por cualquier medio en todo el territorio nacional, excepto los vuelos internacionales en tránsito y los que salgan del país.
Cierre de Campaña
Desde las 00.00 del jueves 9 de octubre hasta la conclusión de la elección queda prohibida cualquier forma de manifestación pública o de apoyo y rechazo a la candidatura, la multa será de 50 salarios mínimos para personas colectivas, organizaciones sociales o colegiadas y 100 salarios mínimos para las organizaciones políticas.
