Sicarios aliados con policías confesaron haber matado a 17 de los 43 estudiantes desaparecidos hace una semana en el sur de México, que podrían estar entre los 28 cuerpos hallados en fosas clandestinas, algo que sus familiares se niegan a creer.
“Es mentira todo lo que se ha dicho, que los muchachos ya aparecieron (muertos) … Los muchachos están vivos, nosotros como padres de familia estamos conscientes, lo sentimos”, dijo María Castrejón, tía de uno de los jóvenes desaparecidos.
Familiares y compañeros de los estudiantes convocaron ayer a los medios para dar a conocer su postura sobre la investigación que realiza el gobierno regional de Guerrero, del que desconfían y responsabilizan de que ocurriera la tragedia el 26 de septiembre.
Esa noche, policías y criminales dispararon contra autobuses de los que se apoderaron los estudiantes para regresar desde Iguala, a donde fueron a recaudar fondos, hasta su escuela cercana a Chilpancingo. En esos tiroteos murieron seis personas, tres de ellas estudiantes, y se reportó la desaparición de otros 43 alumnos, muchos de los cuales fueron vistos por última vez capturados en patrullas policiales.
El domingo, el fiscal de Guerrero, Iñaky Blanco, dio a la prensa más detalles de un crimen que ha estremecido a México, y puesto sobre la mesa de nuevo la profunda infiltración del narcotráfico en autoridades y policías del país.
De acuerdo con Blanco, dos presuntos sicarios del cártel local Guerreros Unidos, que están entre la treintena de detenidos por este caso, confesaron su participación en el asesinato de 17 de los 43 estudiantes desaparecidos, en alianza con la Policía local.
Castigo. Según su confesión, los dos pistoleros hicieron descender a tiros a los alumnos del autobús y se llevaron a 17 de ellos hasta un cerro de la comunidad de Pueblo Viejo (Iguala) “donde tienen fosas clandestinas y donde indican que los ultimaron”.
El presidente de México, Enrique Peña Nieto, se comprometió a castigar a los responsables. Estos hechos son “indignantes, dolorosos e inaceptables”. No cabe “el más mínimo resquicio para la impunidad”, remarcó.
El Ejército mexicano desarmó ayer a la Policía de Iguala. La medida forma parte de un despliegue de fuerzas federales ordenado por el Mandatario para tomar el control de la convulsa localidad y esclarecer la suerte de los 43 desaparecidos.
