Un Tribunal de Garantías de Sucre restableció la obligatoriedad de los aportes de los funcionarios judiciales y fiscales a la Mutualidad del Órgano Judicial y del Ministerio Público, y anuló una resolución de la Dirección Administrativa Financiera (DAF) que dispuso que esas contribuciones sean voluntarias, lo que disminuyó la cantidad de aportantes y del capital y puso en riesgo las operaciones de esa entidad.
La vocal Elena Lowenthal informó que con dos votos uniformes y uno disidente se anuló la anterior resolución.
Lowenthal explicó que la Mutualidad era la única entidad que garantizaba la seguridad social a los funcionarios judiciales, trabajadores que no están incorporados en la Ley General del Trabajo para recibir beneficios tras su retiro.
