El Gobierno calificó como una “lágrima” y de “negligente” la pesquisa e imputación presentada por una comisión de fiscales tras la violación y muerte de un bebé de ocho meses, por lo que abrió la posibilidad de seguir un proceso en contra de esos fiscales una vez revisada su actuación en el proceso. Además, anunció una inspección en todos los centros de acogida de Bolivia.
La posición la hizo conocer la ministra de Justicia, Sandra Gutiérrez, quien consideró que todos los acusados debieron ser imputados por delitos que permitan ser detenidos en la cárcel hasta llegar a establecer con claridad su participación en el caso. Hasta ahora, lamentó, no se conoce dónde ocurrió la violación del menor, “hay mucha susceptibilidad”.
“Esta imputación (con lo que la juez determina la situación jurídica de los imputados) es una lágrima realmente, es una lagrima”, insistió en una entrevista con la red Uno. “Son muchas falencias, mucha dejadez en cuanto a la investigación, en cuanto a la imputación presentado, eso es lo que nos llama mucho lo atención”, afirmó.
Lizeth Zarco lidera la comisión de cuatro fiscales encargado de investigar lo sucedido con el bebé Alexander. El jueves 13 de noviembre el menor fue llevado con un cuadro complicado del hogar de acogida Virgen de Fátima al Hospital del Niño, donde fue, según los galenos, repuesto sus signos vitales y trasladado al hospital Juan XXIII porque no había espacio para atender ese tipo de casos.
Las enfermeras Naty Ch. B. y Martha T. A. son las principales sospechosas del fallecimiento del bebé, según se desprende del requerimiento de imputación formal que elaboró la comisión de cuatro fiscales, reportó hoy La Razón. El sábado, de diez aprehendidos, siete fueron imputados y la jueza Lía Cardoso dispuso medidas cautelares para ellos. A las dos enfermeras y a la madre sustituta Madeleine Paola P. Ch. se les acusa de infanticidio, aunque con diferente grado de responsabilidad, y la jueza ordenó su detención preventiva.
La enfermera Isabel C. C., la médica Sandra D. M. C., el estudiante Darío R. T. y el médico José L. D. A. son acusadas por encubrimiento y fue ordenada su detención domiciliaria. El hecho conmocionó a la sociedad.
Gutiérrez sostuvo que no es comprensible que hasta el momento no se haya determinado dónde fue cometido el abuso o que el informe médico forense no defina con claridad lo ocurrido, además advirtió con un proceso en contra la comisión de fiscales sobre la base de una revisión del cuaderno de investigaciones.
“Aquí ha habido una nefasta investigación”, cuestionó y añadió: “No descartamos absolutamente nada de que podamos nosotros iniciar alguna acciones contra estos fiscales, una vez analizada todas las actuaciones que han realizado. A simple vista podemos ver que ha habido mucha negligencia de los fiscales”.
La ministra anunció una inspección a los diferentes albergues dependientes de Gobernaciones y Alcaldías de Bolivia.
