La Procuraduría General del Estado (PGE) ya asumió defensa en la segunda demanda de arbitraje que la Jindal Steel & Power (JSP) presentó ante la Corte de Comercio Internacional (CCI), esta vez contra el Estado. La primera fue a la ESM por ejecutar sus dos boletas de garantía.
Así lo informó ayer el procurador General del Estado, Héctor Arce, antes de ingresar a una entrevista en radio Patria Nueva. Allí explicó que la primera demanda presentada ante esa corte fue en contra de la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM), que es una firma estatal independiente por lo que el Estado no asumirá defensa.
“Se han tomado todos los recaudos y se está asegurando la defensa legal del Estado, es un arbitraje que recién ha sido presentado, y que recién se ha encarado la defensa como lo hacemos en los demás arbitrajes que hay en materia de inversión, un arbitraje que ni siquiera ha tenido su primera reunión de organización. Nos estamos tomando los tiempos para llegar a concluir en los resultados”, aseguró la autoridad.
En base a declaraciones de Jorge Valda, abogado de la Jindal Steel Bolivia (JSB), subsidiaria de la JSP en el país, el 24 de septiembre La Razón publicó que la segunda demanda presentada ante la CCI es por un monto de $us 100 millones, por daños y perjuicios, en la que esta vez se involucra al Estado boliviano.
Tras conocer la otra demanda, el ministro de Minería y Metalurgia, César Navarro, indicó en ese entonces que el Gobierno tiene conocimiento de aquello y que “se están asumiendo las acciones” necesarias.
Proceso. El 9 de octubre, en un comunicado publicado en el sitio web de la JSP, esta empresa india ratificó que presentó un segundo arbitraje contra el Estado boliviano y la ESM por unos $us 100 millones “en relación con otras numerosas violaciones”, aunque no precisó cuáles son éstas.
En su comunicado, la Jindal también da cuenta de que ha presentado una denuncia contra el Estado boliviano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por acoso contra los ejecutivos de la firma india que trabajaban en el país. En 2007, la JSB suscribió un contrato con la ESM para desarrollar y explotar el yacimiento de hierro del Mutún, ubicado en el municipio de Puerto Suárez de Santa Cruz.
El 15 de abril de 2010, la firma estatal decidió ejecutar a Jindal las dos primeras boletas de garantía, que sumaban $us 18 millones, por la falta de renovación de la garantía. Frente a esta decisión, la compañía india presentó una demanda arbitral en contra de la empresa estatal ante la CCI, con sede en París, Francia. El 4 de mayo de 2012, el Gobierno ejecutó una segunda boleta de garantía por unos $us 18 millones debido a un supuesto incumplimiento en sus compromisos para seguir al frente de la explotación del yacimiento de hierro.
El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Fernando Cáceres, advirtió ayer que los riesgos por incumplir fallos arbitrales pueden dar “malas señales” en el exterior. “Como país queremos promover las inversiones, por tanto es importante mandar las señales claras a las economías del mundo”, sostuvo.
Inversión, recursos y proyectos
Rechazo
El 9 de octubre, la Jindal Steel Bolivia (JSB) informó que la Cámara de Comercio Internacional (CCI) rechazó por extemporánea la apelación presentada por la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM) para que se anule el fallo de ese tribunal que ordena el pago de $us 22,5 millones a esa compañía india.
Gobierno
El Ministerio de Minería y Metalurgia debía pronunciarse la tarde de ayer sobre el rechazo de la CCI a la apelación presentada por la ESM, pero indicaron que eso será después.
