La Fundación Salvador Allende y la organización Londres 38, Espacio de Memorias revelaron hoy el contenido de 429 documentos desclasificados que evidencian la extensa red de vigilancia a la ciudadanía chilena que tuvo lugar durante la dictadura militar de Augusto Pinochet.
El archivo, perteneciente a la Central Nacional de Informaciones (CNI), la policía secreta de Pinochet entre 1977 y 1990, manifiesta la magnitud de esa vigilancia que, según muestran los documentos, operó en todas las regiones de Chile, desde Arica hasta Magallanes.
Entre las láminas y documentos encontrados hay informes de agentes que hacían seguimientos a personas y a dirigentes civiles y sindicales, lo que, según los representantes de la Fundación, demuestra que la represión estuvo también dirigida a la sociedad civil y no sólo a los resistentes políticos.
«Había control y vigilancia permanente sobre sindicatos, juntas de vecinos o poblaciones. De ello se deduce que lo que le sucedía a las víctimas de la represión también le ocurría al resto de la sociedad a través de la acción de estos aparatos de represión», sostuvo el periodista y actual miembro de la fundación Londres 38, Libio Pérez.
Otro de los datos relevantes que se ponen de manifiesto con la desclasificación de este archivo es el elevado presupuesto previsto para la organización en 1982, que según muestra un borrador, contaría ese año con más de 72 millones de dólares.
«Al contrario de lo que el dictador dijo durante todo el tiempo, estos documentos desvelan que la CNI no era una agencia clandestina sino que dependía directamente de la Presidencia de la República a través del Ministerio del Interior», apuntó Miguel Lawner, arquitecto y miembro de la Fundación.
Los documentos, que permanecían escondidos entre el techo falso y el altillo del antiguo cuartel general de la CNI, fueron descubiertos por miembros de la Fundación durante tareas de restauración del inmueble en 2005, cuando le fue entregado para convertirse en su actual sede.
«Si no hubiéramos decidido levantar el cielo jamás lo hubiéramos descubierto. Es por eso que creemos que alguien lo escondió allí para que fuera encontrado más tarde», explicó Miguel Lawner.
La mayor parte del hallazgo fue incautado ese mismo día por la Policía de Investigaciones y luego entregado al juez especial Hugo Dolmetsch, que investigaba casos de violaciones a los derechos humanos.
«Estamos hablando de una documentación cuantiosa de la que hoy nosotros hacemos pública una parte -alrededor de un 10 % de la totalidad de este archivo de la CNI- y creemos que es importante seguir exigiendo que se haga pública la totalidad del archivo que, después de 10 años, sigue en manos de la justicia», reclamó la coordinadora de Londres 38, María José Pérez.
Según Lawner, que todavía no se hayan devuelto todos los documentos a la Fundación, que no tuvo tiempo de revisarlos, demuestra que «aún subsiste el complejo de no agraviar a las fuerzas armadas más allá de lo que se estime necesario».
Y añadió que «la transición de un régimen dictatorial tan monstruoso no debe admitir justicias mínimas y no debe tolerar que se oculte la verdad», por lo que exige que la justicia aclare por qué se está tardando tanto en devolver estos documentos a la sociedad.
Si se pudiera acceder a la totalidad de los documentos, según los miembros de la Fundación, se podría tener una idea del funcionamiento y estructura de la CNI y del flujo de informes que intercambiaba.
Con la descubierta de este archivo, al que se puede acceder en la página www.londres 38.cl se pone de relieve que más de 40 años después del golpe de estado y tras dos décadas de gobiernos civiles, aún hay archivos que se mantienen en secreto.
