Ayer se conmemoró el Día Nacional de las Personas con Discapacidad, fecha instaurada por el Ejecutivo en noviembre de 2004 para concientizar a la población boliviana sobre un principio elemental que muchas veces es vulnerado: el hecho de que las personas con alguna discapacidad física, mental o sensorial tienen los mismos derechos que el resto.
Y es que en todas las regiones del mundo las personas que adolecen de alguna limitación que les impide realizar actividades de manera normal sufren diversas discriminaciones, tanto en el ámbito laboral como social, y lamentablemente el país no es la excepción.
Son muchos los casos de intolerancia que por ejemplo deben enfrentar las personas que tienen dificultades auditivas en acciones cotidianas como comprar un producto, solicitar un trámite o subirse a un minibús. Esto debido a que hay ciudadanos y funcionarios que no hacen el esfuerzo por comprender el lenguaje que utilizan para comunicarse. Intolerancia que a veces puede traducirse en actos terribles de violencia. Por caso cabe recordar el linchamiento de un joven sordomudo de 25 años en la plaza Abaroa de Viacha, en septiembre de 2012. Su único delito fue no poder explicar su presencia a altas horas de la noche en ese lugar, ubicado a pocos metros de las oficinas de la FELCC, tras quedarse dormido en el minibús que lo transportaba hasta su hogar, en El Alto, luego de festejar su ingreso a una empresa de costura.
Asimismo son varios los obstáculos que una persona invidente tiene que sortear para poder transitar por las ciudades del país: desde vehículos dirigidos por conductores que no respetan las normas en favor de los transeúntes, pasando por puestos de venta, basureros, cabinas y postes de luz instalados en la vía peatonal, hasta baldosas desniveladas y bocas de tormenta descubiertas. Las más peligrosas son las rampas en las esquinas que les impide identificar la calzada y las zanjas abiertas.
Por si todo ello fuera poco, es de conocimiento público que estas personas suelen ser víctimas de discriminación en el ámbito laboral. Para contrarrestar esta situación, el Gobierno sancionó una norma según la cual al menos el 4% de la planilla laboral de todas las instituciones públicas debe estar conformada por personas con discapacidad. Sin embargo, al igual que muchas otras normas, esta ley no se cumple en la mayoría de los municipios, según señala el Ministerio de Justicia, pues no existen controles ni sanciones para las entidades que vulneran este decreto.
Como se puede observar, además de adoptar medidas para efectivizar las leyes que existen en favor de las personas con discapacidad, urge promover una mayor empatía en el resto de los ciudadanos, a fin de que tomen conciencia sobre los problemas que este sector de la población debe enfrentar todos los días.
