Una Comisión Internacional de Juristas (CIJ), con sede en Ginebra, expresó este jueves su objeción a un juicio por un tribunal especial del Senado contra dos magistradas del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de Bolivia, elegidas por voto popular.
Las magistradas Mónica Velásquez y Rosario Chánez serán procesadas desde el martes próximo por un tribunal de sentencia del Senado, cuerpo legislativo dominado por el oficialismo, por haber suspendido en marzo pasado la aplicación de una Ley del Notario Público.
Otro magistrado, Gualberto Cusi, que también suscribió el fallo, no fue incluido en el juicio de responsabilidades porque padece una enfermedad que le ha obligado a dejar temporalmente el cargo.
La CIJ cuestionó en una carta abierta a los legisladores bolivianos los procedimientos porque «violan la independencia del poder judicial y el derecho a un juicio justo».
Por esa misma razón, los senadores de la oposición, que son minoría, decidieron no participar en el proceso, según la legisladora de derecha Centa Rek.
«El espectáculo de decenas de políticos pretendiendo actuar como un tribunal penal independiente e imparcial (…) es incompatible con el respeto de los derechos humanos, la separación de poderes, y el Estado de derecho», opinó Matt Pollar, alto miembro de la CIJ, en Ginebra, según un documento al que tuvo acceso la AFP.
El senador de oposición, Germán Antelo, denunció en La Paz que el oficialismo pretende controlar el TC para viabilizar una supuesta reelección indefinida del presidente, Evo Morales, que asumió el cargo en 2006 y ganó un tercer mandato (2015-2020) en las elecciones generales del domingo pasado, con un 60% de los votos.
El TC administra todas las cuestiones relativas a la Constitución.
«Esta es una actitud antidemocrática y abusiva» del oficialismo, señaló el legislador, quien opinó que «lo que se busca es el control de la justicia».
Morales descartó el martes que proyecte reformar la Constitución para incorporar la reelección indefinida.
