Las declaraciones juradas de bienes y rentas de un grupo de jueces, fiscales y policías son sometidas a un proceso de verificación y cruce de información para establecer la veracidad de los datos declarados, como parte del proceso de lucha contra la corrupción iniciado en 2011, informó la ministra de Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo.
Los funcionarios públicos tienen la obligación, de acuerdo con el parágrafo 3 del artículo 235 de la Constitución Política del Estado, de “prestar declaración jurada de bienes y rentas antes, durante y después del ejercicio del cargo”. En el formulario debe informarse sobre su familia y la propiedad o no de bienes inmuebles, vehículos e ingresos que tuvo antes de asumir un cargo público.
Suxo explicó que actualmente está en curso la verificación de las declaraciones juradas en tres instancias del Estado. “En este momento estamos con la verificación de las declaraciones juradas de un número específico de jueces, fiscales y policías”, señaló durante una entrevista que concedió al canal estatal Bolivia Tv.
En 2011 empezó ese trabajo con un plan piloto. El presidente Evo Morales, el vicepresidente Álvaro García y las autoridades del Ministerio de Lucha Contra la Corrupción, entre ellas la misma Suxo, fueron los primeros en someterse a la fiscalización.
El trabajo de verificación consiste en contrastar la información expuesta en la declaración jurada, por ejemplo, con Derechos Reales, para ver si el funcionario evidentemente cuenta con una sola vivienda o varias. También hay cruce de datos con el sistema financiero para verificar el o los números de cuentas y los montos de dinero que tuvo, detalló.
La ministra indicó que de encontrarse irregularidades en la verificación, el caso es derivado a la Fiscalía para su investigación. La Contraloría General del Estado es la instancia donde se hacen las declaraciones juradas.
