Ante el nuevo revés del Tribunal Supremo Electoral (TSE) contra el congreso de Lauca Ñ, el equipo jurídico del Movimiento Al Socialismo (MAS) evista anunció una “batalla legal y absoluta”, incluso en instancias internacionales.
El martes por la noche, la Sala Plena analizó el fallo de la Sala Constitucional de Ivirgarzama que había anulado la resolución 053/2023 del TSE que rechazó el recurso extraordinario de revisión presentado por el delegado del MAS evista, Diego Jiménez.
Y ratificó su decisión mediante la resolución 055/2023. Aparte, dispuso nuevamente que el partido oficialista convoque a otro cónclave para elegir a su directiva nacional; bajo el respeto de su estatuto y en consenso con sus organizaciones “matrices”.
El MAS evista llevó a cabo su congreso en medio de críticas de sectores sociales que apoyan al presidente Luis Arce; como de los campesinos, los interculturales y las Bartolinas, que exigieron ser parte de la organización del encuentro en el Chapare de Cochabamba.
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El cónclave fue hecho a la medida del expresidente Evo Morales, quien fue reelegido como jefe nacional del frente político. E incluso fue nombrado “único candidato” con miras a las elecciones presidenciales que se realizarán en 2025.
El Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde), a nombre del TSE, supervisó el evento. Precisamente un informe de esta entidad derivó en que la Sala Plena desconozca el congreso por el incumplimiento de requisitos.
MAS evista
Ello provocó que el MAS evista active marchas y recursos judiciales contra la determinación plasmada en la resolución 344/2023, del 31 de octubre; inclusive recusó a dos vocales electorales, Dina Chuquimia y Tahuichi Tahuichi Quispe.
Sin embargo, todo esto cayó en saco roto. Ahora, el TSE definió la presentación de una medida cautelar ante el Tribunal Constitucional, para que la jueza de Ivirgarzama no se pronuncie sobre la resolución 055 hasta que el Constitucional defina el recurso.
Un día después de lo asumido por la Sala Plena, el equipo de abogados del MAS evista, a la cabeza del exprocurador Wilfredo Chávez, en una conferencia de prensa, anunció este miércoles que se dará una “batalla legal y absoluta en contra de las irregularidades e incongruencias que ha cometido el TSE”.
“Estamos viendo las posibilidades de dónde vamos a acudir, hay varias instancias internacionales”, dijo Chávez. “La resolución (055) está sujeta a una condición de carácter suspensivo. No puede surtir efecto en cuanto planteemos o no este recurso de complementación, aclaración y enmienda, y lo vamos a hacer”.
Así, los abogados indicaron que no levantarán los brazos y, más todavía, amenazaron con una demanda contra los vocales del TSE. “Este tribunal electoral se ha expuesto a una acción penal y se ha expuesto a una serie de acciones que vamos a hacer en contra de esta sentencia irracional”.
“Nos habilita a continuar nacional e internacionalmente con los procedimientos para hacer valer nuestros derechos como organización política. Vamos a pelear legalmente, legítimamente, los argumentos que hemos ganado en una acción de amparo constitucional (en Ivirgarzama) y que burdamente está siendo incumplida”, remarcó Chávez.
Instancias internacionales
Asimismo, el exprocurador rechazó la falta de coordinación con organizaciones sociales para el cónclave de octubre y señaló que en junio, en el ampliado del MAS en Cochabamba, ya se consensuó todo lo referente al encuentro con las organizaciones del Pacto de Unidad.
La postura de los abogados fue de la mano con el mensaje que el jefe del MAS publicó en su cuenta de redes sociales. “El TSE acaba de dar un golpe a la democracia interna del MAS-IPSP y a la democracia boliviana. Vamos a seguir acudiendo a instancias jurídicas nacionales e internacionales para exigir el respeto a la legalidad y legitimidad del X Magno Congreso Ordinario del MAS-IPSP” (sic), escribió Morales.
Advirtió de contradicciones en las determinaciones del TSE, dijo que su nueva resolución “es un ataque político antidemocrático y anticonstitucional” y remarcó que “el pueblo juzgará a los vocales que mellan la dignidad de profesionales dignos que confirmaron la legalidad y legitimidad de las decisiones del movimiento político indígena y popular que ahora tratan de defenestrar”.
