Hoy en el mundo conviven niveles de riqueza absurdos con la pobreza extrema. Por ejemplo, si Bill Gates obtuviese un rendimiento modesto de su fortuna, ganaría 4,2 millones de dólares al día solo en intereses; o si decide gastar todo su dinero a un ritmo de un millón de dólares diario, requeriría 218 años para lograrlo. Esta absurda acumulación y sus consecuencias en la pobreza ha sido objeto de un informe internacional presentado por Oxfam las últimas semanas.
Según el informe, la brecha entre ricos y pobres ha crecido de manera alarmante en los últimos 30 años. El documento muestra, a través de investigaciones y ejemplos de todo el mundo, la magnitud del problema y argumenta que tanto la desigualdad como pobreza no son inevitables ni accidentales, sino, el resultado de elecciones políticas deliberadas claramente identificables en el ciclo histórico de cada país.
Las desigualdades son destructivas para todo el mundo. Oxfam sostiene que la desigualdad extrema corrompe la política, frena el crecimiento y reduce la movilidad social. Además, fomenta la delincuencia e incluso los conflictos violentos. En síntesis, puede destruir toda la estructura de una sociedad. Basta como ejemplo dar una mirada a las noticias actuales sobre México donde vive Carlos Slim, el hombre más rico del mundo.
En la historia reciente se identifican dos factores que impulsan la desigualdad: el fundamentalismo de mercado y el secuestro democrático por parte de las élites. El fundamentalismo de mercado hace referencia a la idea de que solo es posible alcanzar un crecimiento económico sostenido reduciendo la intervención estatal y dejando que los mercados funcionen por sí mismos. Por otra parte, el secuestro democrático refiere al hecho de que las élites utilizan su mayor influencia política tanto para ganarse el favor de los gobiernos como para oponerse a la introducción de políticas que puedan fortalecer los derechos de las mayorías.
Bolivia es presentado como un caso emblemático en la reducción de la desigualdad por el recambio de una élite política. Sin embargo, el informe también reconoce la alta vulnerabilidad del crecimiento y la redistribución si se basa exclusivamente en los beneficios de las industrias extractivas.
El documento aborda recomendaciones a ser tomadas en cuenta por la sociedad civil en su impugnación frente a los Estados. Algunas de ellas implican trabajar para que los gobiernos asuman la desigualdad extrema como un problema y comprometan medidas para enfrentarla, como por ejemplo acordar un objetivo post-2015 dedicado a erradicar la desigualdad extrema en 2030.
Un segundo tema tiene relación con abordar la desigualdad entre hombres y mujeres, sobre todo en el ámbito económico. Un tercer punto hace referencia al pago de salarios justos reduciendo las diferencias entre los trabajadores y los directivos a un ratio máximo de 20:1. En cuarto lugar se plantea distribuir la carga fiscal de forma justa y equitativa, trasladando la carga tributaria del trabajo y el consumo al patrimonio, el capital y las rentas. Ello implica por supuesto abordar globalmente el problema de los paraísos fiscales. Otro reto central para abordar la desigualdad tiene que ver con establecer una base de protección social universal que tenga en su centro el acceso a la educación y la salud.
Todos estos temas forman parte de una ambiciosa agenda; cada país definirá sus prioridades y el camino correcto para emprender su búsqueda de igualdad.
