Dentro de cuatro meses se realizarán las elecciones de gobernadores departamentales y alcaldes municipales, así como de sus respectivos cuerpos legislativos. Por su propia naturaleza, se trata de un evento distinto pero complementario de las elecciones presidenciales y parlamentarias, llevadas a cabo el 12 de octubre. Con la realización de ambos comicios se determina el elenco de ciudadanos electos para administrar durante cinco años los asuntos nacionales y las políticas públicas en todos los niveles de la organización estatal, en el marco de la división de funciones ejecutivas y legislativas. Al mismo tiempo se configura toda la representación institucionalizada de las corrientes políticas vigentes en el país.
A partir de las experiencias derivadas del reciente proceso electoral a escala nacional, cabe proponer algunas reflexiones. Por principio de cuentas, es preciso insistir en la necesidad de enmendar las debilidades que se han puesto de manifiesto en la administración de las elecciones pasadas por parte del Tribunal Supremo Electoral. Llama la atención que a pesar de la avalancha de críticas dirigidas a este Órgano, incluyendo las expresadas por el propio presidente Morales, no se perciba voluntad alguna de llevar a cabo las correcciones imprescindibles.
Es verdad que el tiempo no alcanza para realizar todos los cambios y subsanar todas las falencias reveladas, puesto que en varios aspectos se requiere sendas piezas legislativas, que no podrían ser adecuadamente preparadas y negociadas antes de febrero próximo, en el mejor de los casos. Aun así, se podría abordar al menos la reparación de aquellas deficiencias flagrantes, cuya superación solo necesita de un ademán democrático y una voluntad política bien encaminada. Se trata en concreto de devolverle algo de credibilidad al Órgano Electoral, a fin de que los problemas sucedidos al final de la jornada del 12 de octubre no se constituyan en la tónica dominante al comienzo del proceso conducente a los comicios del 29 de marzo próximo.
Por otra parte, es preciso tomar conciencia expresa de que en dicha fecha se elegirán ciudadanos para ejercer cargos cuyas competencias específicas no están claramente delimitadas. Como en la gran mayoría de los casos no existen cartas orgánicas municipales ni estatutos autonómicos departamentales validados constitucionalmente, habrá que tolerar de común acuerdo una nueva improvisación institucional, adoptando el compromiso de que todas las entidades territoriales dispondrán de sus catálogos competenciales en un lapso razonable.
En las elecciones generales de octubre también se han hecho evidentes, con diversos grados de intensidad, las debilidades de las organizaciones partidarias. En los próximos comicios esto podría agravarse por la incorporación de agrupaciones ciudadanas que no disponen de condiciones para cumplir con todos los requisitos de una campaña electoral en forma. De aquí la conveniencia de que las organizaciones y plataformas de la sociedad civil interesadas en el fortalecimiento de la institucionalidad democrática y la promoción de la participación ciudadana contribuyan con su experiencia y capacidades a la organización de debates a nivel local, mediante mecanismos transparentes y procedimientos equitativos. En este contexto, conviene tener presente que los conocimientos profesionales, la experiencia y la honestidad personal de los diferentes candidatos tienen mucha mayor importancia que su creatividad a la hora de imaginar propuestas programáticas.
Las grandes orientaciones de la gestión pública en los niveles departamentales y municipales ya están definidas. De lo que se trata entonces es de ejecutar adecuadamente los recursos disponibles en las obras previstas y las que deriven de las consultas participativas, y todo eso acompañado de la adecuada fiscalización por parte de las asambleas y concejos correspondientes.
