El Gobierno mexicano asumió ayer el control directo de las seguridad de 12 municipios del estado de Guerrero (sur) y el de México (centro) como parte de las acciones para dilucidar el paradero de los 43 estudiantes que desde hace cerca de un mes permanecen desaparecidos por una acción coordinada de la Policía y el crimen organizado, según informó la Procuraduría (Fiscalía) General de la República (PGR) en una rueda de prensa.
El Comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, justificó esta intervención en que “se han identificado situaciones irregulares en algunas corporaciones de seguridad municipal”, y por esta razón el Gobierno de la República asumirá las tareas de seguridad pública que hasta el momento estaban en manos de los 12 municipios.
Armas. La PGR, además, investigará las actuaciones individuales de los agentes, que en muchos casos están bajo sospecha de actuar en connivencia con grupos delictivos. Para empezar, “se han resguardado las armas” de los uniformados “para revisar licencias” y “hacer pruebas de balística” que determinen si se les ha dado un uso diferente al oficial.
El Comisionado aseguró actuar según la “instrucción” del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, de “trabajar permanentemente en la localización de los 43 estudiantes y la ubicación y aprehensión de todos los responsables” de lo que les haya pasado.
