El Gobierno todavía no presentó a Brasil el pedido de extradición del exfiscal Marcelo Soza —que investigó el caso Terrorismo—, debido a que la exautoridad judicial tiene el estatus de refugiado político, explicó ayer el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero.
“Un trámite de extradición no procede mientras esa persona tenga la condición de asilado o refugiado, hemos hecho todas las gestiones, notificaciones roja y azul, declaraciones en rebeldía, pero hay tiempos diplomáticos, por eso no hemos oficializado la solicitud. Realizamos todas las gestiones a través de la Cancillería para que quiten el estatus de refugiado”, explicó Soza.
Soza huyó del país en marzo y actualmente tiene refugio político temporal que le fue extendido por un año. Desde Brasil denunció que hubo irregularidades en la investigación del caso Terrorismo, incluso dijo que se compró testigos. Pidió refugio porque temía por su vida.
Guerrero afirmó que ya se enviaron los documentos legales respectivos para que Brasil revierta el estatus de refugiado a Soza, aspecto que abriría las puertas para solicitar la extradición del exfiscal acusado de extorsión e incumplimiento de deberes en tres procesos judiciales instalados en Bolivia.
El Fiscal General expresó su deseo de que Soza regrese al país para enfrentar los juicios que tiene pendientes.
