El magisterio paceño calificó de “anticipada” la sanción del Ministerio de Educación, de impedir la postulación de maestros con imputación por violencia intrafamiliar a cargo de directores, al no esperar un fallo que dicte culpabilidad. Dos abogados señalan que se vulnera el derecho a un proceso.
“Los maestros rechazamos cualquier tipo de violencia intrafamiliar, pero la imputación no supone que uno es culpable, sino que hay un proceso, por lo que es una sanción adelantada. Además, el reglamento de escalafón ya establece que una persona detenida, pero con sentencia ejecutoriada no puede asumir el cargo docente”, expresó José Luis Álvarez, dirigente del magisterio de La Paz.
La Razón publicó ayer que el ministro de Educación, Roberto Aguilar, anunció que los profesores con una imputación o sentencia ejecutoriada por violencia intrafamiliar no podrán postularse y ejercer seis tipos de cargos directivos, en el marco de la Ley Para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia (348). Cerca de 25.000 educadores postulan cada año a cargos de directores de colegios, distritales, de núcleo, departamentales y otros.
Para el abogado constitucionalista Víctor Hugo Chávez, sancionar a una persona con imputación, pero sin sentencia ejecutoriada vulnera el derecho a un debido proceso. “Nadie puede ser sancionado sino existe una sentencia previa porque se garantiza la presunción de inocencia, según los artículos 115, 116 y 117 de la Constitución Política del Estado”.
El abogado Raúl Jiménez consideró que la determinación es “anticipada” e indicó que en las causales de despido injustificado de las leyes laborales no existe tal accionar. “Mientras no haya sentencia no se puede sancionar anteladamente ni en el campo laboral ni penal”.
