Una niña boliviana de cinco años que se encontraba enferma fue violada en un centro médico supuestamente por un enfermero y después falleció cuando era traslada a un hospital en un pueblo de la región central de Cochabamba, denunció hoy la Defensoría del Pueblo.
El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, expresó hoy «su indignación y alarma» tras conocer de la violación y la muerte el sábado de una niña del pueblo de Capinota, quien fue ingresada en un centro médico para ser atendida, pero allí sufrió «el ultraje».
«Estamos más que consternados por este hecho que sigue mostrando los efectos de una sociedad que parece haber perdido definitivamente la humanidad y donde se dan todos los días casos trágicos hasta el salvajismo y donde las víctimas en su mayoría son mujeres y niñas», dijo Villena en un comunicado.
La niña fue llevada por su familia al centro médico porque tenía 39,5 grados centígrados de fiebre.
Allí, quedó durante un rato al cuidado del enfermero, que después fue acusado de la violación y encarcelado en un penal de Cochabamba, según la Defensoría.
Villena lamentó que casos como éstos «ni siquiera merecen la atención y la alarma pública porque se han naturalizado o quizá porque se trata de una niña campesina».
El Defensor enfatizó su preocupación por que este caso se suma al reciente asesinato de una mujer que ocurrió en medio de la calle y ante una veintena de testigos que no hicieron nada por evitar el crimen.
En los últimos días se registraron, además, dos intentos de feminicidio, uno de ellos protagonizado por un militar que disparó contra su mujer y otro contra una prostituta.
Y todo ello, según Villena, pocos días después de haberse promulgado un decreto que reglamenta una ley aprobada en 2013 para proteger a las mujeres víctimas de violencia machista.
El decreto permite al Estado financiar casas de acogida para mujeres maltratadas, así como las operaciones de la unidad policial creada para frenar esta lacra.
La ley castiga con 30 años de prisión sin derecho a indulto los feminicidios o asesinatos de mujeres por su condición de féminas.
«Parece que nos estamos conformando con sancionar con 30 años de cárcel a los feminicidas, con dictar más normas y seguir contando a las víctimas, y no estamos viendo la gravedad y urgencia de trabajar en acciones de protección y vigilancia, especialmente de niñas y adolescentes», afirmó el Defensor del Pueblo.
Agregó que ante la evidencia de los casos se ha pedido al Gobierno, a las gobernaciones y municipios declarar una alerta para poner en marcha acciones de prevención contra los crímenes, pero hay un «excesiva formalidad y burocracia» para avanzar en ese sentido.
Entre enero y septiembre de este año 93 mujeres fueron asesinadas en casos de violencia machista y 62 por inseguridad ciudadana, según el privado Centro de Información de la Mujer.
Desde 2009 se registraron 585 casos de feminicidios, la mayoría aún sin sentencia, indicó la misma organización.
